El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), inició una auditoría masiva sobre el universo de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con el objetivo de detectar irregularidades y garantizar que el beneficio llegue solo a quienes realmente lo necesitan.
Hasta el momento, ya fueron suspendidas o dadas de baja más de 80.000 pensiones, en lo que representa el primer paso de un proceso que podría afectar a más de 250.000 beneficiarios en total.
Según datos oficiales, el 60% de las personas citadas no asistieron a la revisión médica obligatoria, requisito clave para mantener el beneficio. Como resultado, 65.230 pensiones fueron suspendidas por irregularidades, 8.207 personas renunciaron voluntariamente para evitar consecuencias legales, y otras 6.643 bajas correspondieron a titulares fallecidos, cuyos familiares seguían cobrando la asignación de manera indebida.
El impacto fiscal de esta medida es significativo: el Estado estima un ahorro mensual de $23.143 millones, ya que cada pensión implicaba un pago de $289.000 entre monto base y bono.
Desde la ANDIS, su titular Diego Spagnuolo explicó que el operativo busca transparentar el sistema, combatir el fraude y asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente presentan una discapacidad que les impide trabajar. Las auditorías están a cargo de médicos del PAMI y personal técnico del organismo, y se realizan mediante citaciones formales por carta documento. Ante la falta de respuesta, se procede a suspender el beneficio y, si no se regulariza la situación, se avanza con la baja definitiva.
Entre los casos más graves detectados, figuran presos y prófugos que cobraban el beneficio, personas que presentaron certificados médicos falsos, radiografías utilizadas en múltiples trámites, y hasta una mujer que se disfrazó para simular ser su esposo discapacitado. También se documentaron beneficiarios que no residían en el país, como un hombre que vivía en Egipto mientras su hijo cobraba su pensión en Argentina.
Las autoridades sostienen que durante los gobiernos kirchneristas —especialmente entre 2003 y 2015— se registró un crecimiento inédito en la cantidad de pensiones otorgadas, pasando de 80.000 a más de 1 millón, en muchos casos sin una evaluación médica rigurosa. Según Spagnuolo, en ese período se implementó una política de subsidios con fines políticos, muchas veces en actos partidarios.
En ese contexto, el Decreto 842/2024, firmado por el Ejecutivo en abril, estableció un nuevo marco normativo que endurece las condiciones para acceder y mantener estas pensiones. Entre otras medidas, crea un nuevo cuerpo médico evaluador, exige reinscripción obligatoria y actualización de datos, e impone restricciones para personas con ingresos, condenas judiciales o detenciones.
También se autoriza a la ANDIS a cruzar información en tiempo real con organismos como AFIP, ANSES, PAMI y el Ministerio de Justicia, para detectar incompatibilidades y fraudes.
El Gobierno sostiene que no se le quitará el beneficio a quienes realmente lo necesiten, pero sí se eliminarán todas aquellas pensiones otorgadas de forma irregular o sin sustento médico. “Avanzamos en pos de la transparencia y la justicia en un sistema que, hasta ahora, ha estado marcado por el abuso”, expresó Spagnuolo.
Con este operativo, el oficialismo busca desarticular un entramado de irregularidades y ordenar un sistema que, según denuncian, fue utilizado políticamente durante años. Las auditorías seguirán en marcha y se espera que en los próximos meses se amplíe el número de suspensiones y bajas.
