El juez penal Lomas de Zamora, Jorge López, hizo lugar a un habeas corpus pedido por la Comisión Provincial por la Memoria y ordenó al gobierno bonaerense realizar hisopados masivos a los detenidos en el departamento judicial de Lomas de Zamora que abarca seis partidos bonaerenses.
El juez López consideró que habiendo un cupo total para 82 personas detenidas en comisarías, en la actualidad hay 1374 habiendo un total de 1500 por ciento de superpoblación. Y por este motivo, según el fallo de fines de agosto ordenó al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, y a su par de Salud, Daniel Gollán, a realizar el hisopado para la detección del coronavirus a todos los presos en todas las comisarías de este departamento judicial y lo mismo con el personal policial.
Lo hizo por pedido de la Comisión Provincial por la Memoria y la orden judicial abarca a las intendencias de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. De las 50 dependencias policiales existentes en el departamento judicial de Lomas de Zamora, 17 de ellas se encuentran clausuradas por orden administrativa y 26 por resolución judicial.
El hábeas corpus fue presentado por la comisión, según informó el organismo, para facilitar la búsqueda intensificada de casos que favorezca la detección precoz del virus, la prestación de cuidados médicos oportuna y minimice la transmisión, en condiciones paupérrimas en que hay presos en comisarías en ese distrito judicial.
“Ante este grave cuadro de situación que encuadra en una crisis humanitaria, decidí extender la petición al personal policial que trabaja en estas dependencias y la información fue más que alarmante. La Estación de Policía de Almirante Brown reportó 108 efectivos contagiados; la Estación de Policía de Lomas de Zamora 135; Estación de Policía Ezeiza 62; La Estación Policial Deptal. de Seguridad Lanús 52; la Estación de Policía Esteban Echeverría 54 y la Estación de Policía Avellaneda 36”, expuso el juez en su resolución.
La situación de superpoblación “fue advertida por la magistratura desde hace muchos años y a las distintas gestiones que estuvieron a cargo del Estado provincial pero fueron desoídas, imponiéndose en forma contraria, leyes que incrementaban la cantidad de personas en ámbitos de encierro, tanto en dependencias policiales como unidades carcelarias, bajo una falsa etiqueta de combatir la inseguridad”.
El magistrado bonaerense argumentó que es el “momento que todos los poderes públicos trabajen en forma mancomunada para solucionar esta grave crisis humanitaria sobre la cual ahora cabalga como jinete la pandemia del Covid-19”. Y que “si bien la mayoría de las personas detenidas allí alojadas no se encuentran anotadas a disposición de esta sede, la urgencia de la situación y el peligro de que en la demora la afectación sea aún mayor, impone adoptar una decisión que comprenda a la totalidad destinada a conjurar en lo inmediato las graves deficiencias antes reseñadas”.
En consecuencia, el juez López ordenó un “plan que contemple el abordaje específico de la problemática que tienda a proteger a las personas privadas de su libertad, al personal policial, sus familias y a la comunidad entera”.
Fuente: Tiempo Judicial