El sistema penal argentino atraviesa un deterioro sostenido en las condiciones de detención, marcado por una creciente utilización de comisarías como espacios de alojamiento prolongado. El Informe Anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advierte que, entre 2016 y 2023, la cantidad de personas detenidas en comisarías aumentó un 145%, muy por encima del 48,5% registrado en el sistema penitenciario formal.
A fines de diciembre de 2023, el país registraba 13.287 personas alojadas en comisarías, subcomisarías, alcaidías y otras dependencias policiales, cuando en 2016 ese número era de 5.422. La situación se explica, según el Comité, por el colapso del sistema penitenciario, lo que empuja a las provincias a mantener detenidas a personas en instalaciones no preparadas para estadías prolongadas.
En 2023, en Tucumán, por ejemplo, la sobrepoblación en comisarías alcanza el 426,6%; en Santa Fe, el 205,7%; en provincia de Buenos Aires el 188,2%; en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 174,3%; en Neuquén el 152,9%; en La Pampa, 151,9% y en Chaco el 144,1%.
“El Comité viene mostrando en sus informes anuales que el fenómeno de la sobrepoblación en las cárceles y el hacinamiento está bastante generalizado en el país”, señaló Alan Iud, secretario ejecutivo del CNPT. “Esto tiene como consecuencia el crecimiento sostenido de la detención prolongada de personas en comisarías en distintas jurisdicciones del país”, agregó.
El informe detalla que muchas comisarías han debido adaptar espacios originalmente no destinados al alojamiento, como pasillos, oficinas, patios y cocinas, para ubicar a personas detenidas. En muchos casos, las celdas carecen de baños, luz natural o ventilación, y presentan graves deficiencias sanitarias. “Muchos calabozos no tienen baños, por lo que los presos hacen sus necesidades en botellas o tienen que pedir permiso para ir de cuerpo”, advirtió Iud.
El Comité ha registrado situaciones extremas durante sus inspecciones: personas con cuadros infecciosos severos derivados de la presencia de plagas, humedad, hongos y otros factores de riesgo. También releva casos de aislamiento prolongado, donde los detenidos permanecen encerrados hasta 22 horas por día durante semanas o meses, sin ventilación ni contacto con el exterior, y sin control judicial ni notificación a la defensa.
“En las comisarías, los espacios de detención están diseñados para las primeras horas de la detención, sin embargo hay presos que pasan detenidos meses, años o incluso toda su condena”, afirmó Iud. Según explicó, estas personas no pueden acceder a actividades educativas, laborales o recreativas. «Tienen cercenada la comunicación con su familia y no cuentan con ningún tipo de tratamiento ni asistencia”.
El informe también documenta prácticas que pueden ser calificadas como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre ellas, golpizas durante interrogatorios en espacios cerrados; requisas realizadas por grupos especiales con uso de gas pimienta o postas de goma dentro de las celdas; y requisas corporales con desnudo forzado, donde se obliga a los detenidos a adoptar posiciones humillantes.
En cuanto a las causas de este fenómeno, Iud explicó que el crecimiento de las detenciones en comisarías no tiene una sola explicación, pero «hay una fuerte incidencia de los programas de flagrancia y la implementación del sistema adversarial, que genera una mayor prisionalización, especialmente por delitos leves”.
Para el Comité, la solución no pasa por construir más espacios de detención, ya que la evidencia muestra que esto no resuelve el problema de fondo. La tendencia al encarcelamiento continúa, y además, por razones presupuestarias, no se logran construir unidades penitenciarias o alcaidías que cumplan con los estándares recomendados.
«Nuestras propuestas apuntan a revisar la política criminal. Venimos advirtiendo sobre el crecimiento sostenido del cumplimiento efectivo de penas cortas que podrían ser reemplazadas por otras medidas restrictivas de la libertad, como la prisión domiciliaria o alternativas al encarcelamiento», señaló Iud.
«También promovemos mecanismos de resolución alternativa de conflictos, es decir, estrategias de política criminal que permitan abordar de otro modo la conflictividad social que se traduce en delitos. Es necesario, además, revisar la práctica judicial en torno al uso de la prisión preventiva, que en muchos casos se aplica de forma rutinaria y no como medida verdaderamente excepcional. En algunos casos, esto también exige revisar el marco normativo vigente», agregó.
