En un nuevo intento por reforzar la protección penal a los sectores más vulnerables, la diputada nacional salteña María Emilia Orozco, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal argentino. La iniciativa busca agravar las penas por robo cuando la víctima sea una persona con discapacidad, estableciendo una condena de entre tres y diez años de prisión.
El proyecto, que propone la incorporación del artículo 164 bis al Código Penal (Ley 11.179), establece que cuando el robo sea cometido contra una persona con discapacidad debidamente acreditada —ya sea mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o por otro medio idóneo—, la pena mínima se eleve a tres años y la máxima a diez.
Fundamentos jurídicos y sociales
En los fundamentos del proyecto, Orozco argumenta que la legislación actual no contempla agravantes vinculados a la condición de la víctima, lo que deja sin una respuesta penal adecuada a situaciones en las que el delincuente se aprovecha de una persona en situación de vulnerabilidad.
La diputada cita como base constitucional el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por Ley 26.378. Esta convención obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger a las personas con discapacidad frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación.
“Cuando un delincuente elige como víctima a quien no puede huir, resistirse o pedir ayuda, no está cometiendo un simple robo: está abusando deliberadamente de su discapacidad”, sostiene Orozco en el texto del proyecto. Y agrega: “Eso exige una respuesta penal distinta, porque hay un agravante moral que no puede ignorarse”.
La legisladora también apunta contra sectores políticos que, según ella, han hecho de la causa de la discapacidad una bandera simbólica, pero sin avanzar en medidas concretas. “La coherencia no se mide por lo que se grita en una plaza ni por la cantidad de símbolos que se exhiben, sino por lo que se vota en el recinto”, afirma.
El proyecto se inscribe en una tendencia regional de endurecimiento de penas frente a delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. En países como Perú, por ejemplo, ya se han aprobado reformas similares que agravan las penas por robo cuando las víctimas son personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad.
Lo cierto es que la propuesta de Orozco pone sobre la mesa una discusión necesaria: cómo garantizar una protección efectiva a quienes, por su condición, enfrentan mayores riesgos frente al delito.
