En medio de la fuerte tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Ministerio de Desregulación dispuso un aumento en los aportes jubilatorios que deben pagar los clubes. A partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se fijó una alícuota del 13,06%, junto a un incremento adicional del 5,56% por un año.

El ministro Federico Sturzenegger defendió la medida argumentando que el sistema previsional “no puede seguir siendo subsidiado por los jubilados” y apuntó contra el régimen especial que rige para la actividad desde la crisis de 2001. “Millonarios subsidiados por los jubilados. En 2024, las ventas de jugadores argentinos dejaron ingresos por 324 millones de dólares, pero no pagan como cualquier pyme o kiosco”, escribió en su cuenta de X.

El eje de la polémica es el Decreto 1212/03, dictado durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que permitió reemplazar los aportes patronales tradicionales por una contribución sobre la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos. Aunque esa medida debía ser “neutral” en términos de recaudación, el funcionario explicó que “las alícuotas establecidas siempre fueron deficitarias”.

Idas y vueltas entre el Gobierno, la AFA y la Justicia


El Decreto 939/24, impulsado por el Ejecutivo, había buscado poner fin al régimen especial y volver al esquema general de aportes. Incluso habilitó una mesa conjunta con los clubes para diseñar un nuevo sistema equilibrado. Pero según Sturzenegger, “vencido el plazo, la AFA presentó una propuesta deficitaria y se negó a asumir el riesgo del faltante”.

La disputa llegó a los tribunales. Días antes de la vuelta al sistema general, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6 dictó una medida cautelar a favor del esquema vigente. “La casta, y la plata fácil, no se entrega fácil, y en su resistencia encuentra en la Justicia un socio útil y eficaz”, lanzó el funcionario.

En respuesta a ese fallo, el Gobierno dictó la Disposición 16/2025, que ajusta las alícuotas dentro del marco del Decreto 510/23, fijándolas en 13,06% y sumando un adicional transitorio de 5,56% por un año, con el objetivo de recuperar el déficit acumulado.

Sturzenegger no descartó futuros aumentos si las condiciones del sistema no mejoran: “De seguir así, la alícuota deberá ser revisada al alza”.

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