Ayer la Subsecretaría de Derechos Humanos presentó el informe titulado “Políticas de Derechos Humanos frente al conflicto carcelario en tiempos de pandemia”, que recoge el trabajo desarrollado a partir de la recepción de denuncias y la gestión de conflictos en instituciones de encierro.
“En este informe se atraviesan todas las problemáticas desde un lugar en el que el Estado asume esa problemática en función de brindar soluciones a corto, mediano y largo plazo”, afirmó el subsecretario Matías Moreno, quien ahondó: “Ese es el hecho distintivo y que partimos de que sabemos cómo es la situación”.
Las cifras dadas a conocer son preocupantes. El informe hace un detallado análisis de la situación cárceles y comisarías y de las condiciones de detención como resultado de la pandemia de COVID-19 debido al aumento de la cantidad de detenidos.
En este marco, la Subsecretaría precisó que el sistema penitenciario en su conjunto tiene “más de 48.000 detenidos para 24.000 plazas” y las comisarías “más de 5.000 para 1300 plazas”. “Se tuvieron en cuenta para el informe 5.465 denuncias recibidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Además de un pormenorizado análisis se proponen soluciones para atenuar las condiciones de detención”, detallaron de forma pormenorizada.
También participaron de la presentación el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, el director provincial de políticas de inclusión del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Iafolla, el comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y miembro del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa, Gustavo Palmieri, y la integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte, Raquel Witis.
El último jueves, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto del Ejecutivo, que busca construir dos unidades penitenciarias y diez alcaidías en el conurbano bonaerense.