El periodista Horacio Verbitsky dio detalles ayer sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar, al declarar en el juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención. Verbitsky declaró como testigo de contexto ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, crímenes y abusos sexuales cometidos contra las víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, también conocido como “Infierno”.
El periodista y escritor dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores de la empresa Saiar, varios de los cuales están desaparecidos, y en especial sobre el secuestro del obrero Luis Adolfo Jaramillo, uno de los hechos juzgados por el TOF 1.
Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
“Existió responsabilidad de la patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores. Luis Adolfo Jaramillo fue secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura con la complicidad de la empresa, en noviembre de 1976, cuando acababa de cobrar la indemnización por ser echado de la fábrica”, aseguró Verbitsky.
El autor relató que el obrero, oriundo de Chile, “no era militante político, no era delegado, pero tenía una enorme influencia sobre sus compañeros”.
“Era además muy culto, tenía estudios de medicina, de relojería, de música, era compositor e intérprete. Y trabajaba en un sector que fusionaba dos líneas productivas”, detalló. El periodista contó en su declaración que Jaramillo había advertido a la empresa que se requería más tiempo para fabricar una pieza, que si se apuraba la producción se corría el riesgo que los termotanques no funcionaran correctamente luego.
“Coincidiendo con la lucha política del regreso de (Juan Domingo) Perón y la convocatoria a elecciones libres sin prescripciones, se dio un crecimiento de los movimientos sindicales combativos dentro del peronismo y la izquierda clasista que lograron reivindicaciones para los trabajadores que las empresas no pudieron evitar y generaron un enorme resentimiento y la promesa de venganza cuando la situación política lo permitiera”, remarcó Verbitsky.
El periodista destacó que en ese contexto “tuvo mucha influencia Jaramillo y los trabajadores consiguieron mejoras salariales importantes, como el pago de horas extras en proporciones sin precedentes, y consiguieron que la empresa entregara ropa de protección”.
“Los empresarios prometieron venganza y después del Golpe de 1976 militarizaron la planta, secuestraron trabajadores y los torturaron”, destacó. Explicó que para su investigación entrevistó a trabajadores de la firma Saiar y también a un ex gerente de la empresa, quien le detalló que en 1975 “un grupo de empresarios representantes el Conurbano fueron citados a una reunión en el Edificio Libertador, sede del Comando del Ejército, donde en una sala y con una gran mesa los militares pidieron y los empresario suministraron los datos para la represión”.
Tras su testimonio, declaró , también como testigo de contexto, Bruno Nápoli, quien expuso sobre una publicación suya en la que detalla los vínculos de la Comisión Nacional de Valores con la última dictadura militar. “La Comisión Nacional de Valores aportaba información precisa a fuerzas de seguridad como la Policía Bancaria o el Ejército para secuestrar, desapoderar a empresarios, banqueros y financistas y se pudo ver claramente en las actas”, afirmó contundente Nápoli, quien publicó un libro al respecto en marzo de 2013.
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó a juzgar al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.