Por orden del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Quilmes, se dispuso la intervención del Club Argentino de Quilmes y se desplazó por 3 meses al presidente de la entidad, José Sosa. Al tiempo que se designó a Paola Capolo como normalizadora judicial.
La Justicia envió a la sede social en Alsina y Cevallos a la policía, a la funcionaria a cargo y a un cerrajero para concretar la intervención del club. De esta manera, desplazaron provisoriamente al presidente de la institución por un período de 3 meses (aunque aclararon que podría ser prorrogable según los resultados de la auditoría) para designar a una interventora judicial que administrará la institución hasta que se realicen las elecciones
«Se encuentra acreditada la existencia de graves desavenencias entre los socios, el peligro en la demora y las irregularidades y circunstancias que han sido descriptas por los peticionantes. En tal contexto, la remoción y exclusión de las autoridades constituidas y posterior designación de un interventor con carácter de administración judicial, a efectos de regularizar la marcha de la sociedad civil, encuentra sustento en la comprobación de la apariencia o el «fumus bonis iuris» configurado por un estado de incertidumbre en la conducción del negocio», cita una parte de la notificación que recibió el club. Luego de que un grupo de socios (patrocinados por el letrado Carlos Gallego) denunciaran serias irregularidades e incumplimientos legales de parte de la Comisión Directiva (más de tres años sin realizar asambleas ni muestras de balances económicos).