Los deudores UVA de todo el país marcharon para pedir una restructuración del sistema de crédito que obtuvieron durante la gestión de Mauricio Macri, el cual devino en cuotas imposibles de pagar.
Es que, los deudores pretenden que su situación sea parte de la agenda legislativa y que se debata una solución que ponga freno a la deuda que contrajeron, que se restructure el tope del valor de la UVA y se elabore un plan accesible de pago.
En este sentido, el colectivo de hipotecados, que nuclea no sólo a quienes se inscribieron al plan de venta de casas sino, también, a quienes compraron autos, sigue a la espera de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Además, el colectivo denuncia que en marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández dispuso una ayuda por pandemia en la que se congelaba la cuota, y se hacía un plan de convergencia de 18 cuotas, la cual no resultó beneficiosa sino que les anexó una nueva deuda. Vale recordar, que el 1 de febrero finalizó el descongelamiento del valor de las cuotas de los créditos y el inicio del esquema de convergencia a 18 meses, escenario que deja en total desamparo y desprotección a quienes accedieron a los créditos.
“No entendemos como bajo el discurso de derecho a la vivienda, nunca desde el inicio de su gestión, frenó el valor Uva y la bola de deuda que se generó desde 2018 a partir de la inflación exponencial”, indicaron los damnificados.
Asimismo, los deudores aseguraron que la iniciativa “no es un beneficio, sino que reafirma que los créditos UVA aumentaron más de lo que podemos afrontar y no hay medidas paliativas que resulten, la única salida es la eliminación del sistema”.
Con la convergencia de precios de los créditos UVA, que durará hasta julio de 2022, se calculó un aumento del 50% de las cuotas en la actualización de los pagos para febrero, aunque el Gobierno nacional había pronosticado entre un 6 y 9%.
Por otra parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó que desde el Gobierno trabajan en un nuevo sistema de créditos hipotecarios para la compra de vivienda, ajustado por la variación salarial.
La iniciativa está destinada a las personas que cobren hasta 7 u 8 salarios mínimos ($172.800) y su adjudicación será a través del Banco Hipotecario y convivirá con el plan Procrear. “Va a haber una política que sea no para comprar una vivienda usada, sino para construir, y que el ajuste tenga que ver con la fórmula salarial, y no con el UVA , para cambiar el concepto de recupero financiero”, aseguró Ferraresi.