En su primer día como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, indicó que el desafío de su gestión es llevar adelante el “proceso de los cambios” necesarios para recuperar “la transparencia y el prestigio de la Justicia”.
En ese sentido, el funcionario advirtió que esos cambios “les molestan a algunos sobre manera” y planteó que “los que no los quieren son los que montaron una mesa judicial para coaccionar y apretar jueces para que sacaran fallos en la tapa de los diarios”.
El exdiputado, que dejó su cargo el sábado, cuando le aceptaron su renuncia para poder asumir como ministro, recordó que los proyectos están en la Cámara de Diputados, trabajándose “en comisión” mientras se está “charlando con la oposición”.
“Seguramente vamos a tener que ir a dar explicaciones al Congreso pero la idea es, y ya lo dijo el Presidente, buscar los consenso necesarios, abrir el diálogo y ver si hay que cambiar algún artículo o mejorarlo para avanzar con ambos proyectos”, manifestó Soria.
Respecto al avance con el Tribunal Superior de Arbitrariedades, el ministro se mostró optimista y recordó que “a la Corte Suprema llegan más de 30 mil causas de las cuales 200 son fallos fundados, el resto son planchas”.
Por otro lado, Soria se refirió al lawfare y criticó el rol de los medios que “desprestigian” la política y que está integrado por “periodistas, jueces, políticos y servicios de inteligencia que arman causas”.
“Seguramente muchos de esos jueces y fiscales que se prestaron para ese juego perverso hoy estarán nerviosos”, dijo el titular de Justicia y agregó que “después de tantos años de impunidad algunos creen que nunca les va a llegar, pero todo se va resolviendo”.
El actual ministro de Justicia es abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue intendente de la localidad rionegrina de General Roca en los períodos 2011-2015 y 2015-2019, y candidato a gobernador de su provincia en 2019. Desde diciembre de 2019 integra las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Juicio Político y Justicia del Congreso y formó parte de la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal.