A través de un comunicado, la Comisión Provincial por la Memoria solicitó que comience el proceso de vacunación para las personas privadas de su libertad. El reclamo de la institución no solo se hace para mitigar el impacto de la Covid-19 en el hacinamiento de las cárceles, sino que también ocurre en el marco del “respeto al principio de igualdad ante la ley, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad”.
En base a los relevamientos realizados en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, el organismo señala que la política sanitaria dictada “no llega a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”. De acuerdo a las 32 inspecciones realizadas en 27 unidades penitenciarias, se constató que 28 de las 178 personas fallecidas en cárceles durante el 2020 fueron por Covid-19.
“Las inhumanas condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento extremo convierten a cárceles y comisarías en espacios propicios para la diseminación del virus”, dice el organismo. “Hoy las condiciones de vida son las mismas, los protocolos sanitarios no se cumplen de manera adecuada, los testeos casi inexistentes, el acceso a la salud es nulo o deficiente porque falta personal e insumos, y la vacunación de la población de riesgo en los lugares de encierro no se realizó”.