El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó la Resolución PG N.º 1475/2025, mediante la cual se aprobó un marco normativo y estratégico para la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en el Ministerio Público bonaerense.
La medida reconoce el carácter disruptivo de estas tecnologías, sus potencialidades y también los riesgos asociados: desinformación, uso indebido de datos sensibles, afectación de derechos de autor o la reproducción de sesgos. Frente a ello, el marco adoptado busca garantizar un uso ético, seguro y compatible con la Constitución, las leyes y los tratados de derechos humanos.
Uno de los ejes de la resolución es la implementación de “ChatIA”, un sistema institucional desarrollado por la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital. Será la única plataforma autorizada para que los agentes del Ministerio Público interactúen con modelos de lenguaje, bajo un esquema de control centralizado, administración de usuarios, monitoreo, auditoría de interacciones y encriptación de comunicaciones.
La herramienta apunta a asistir a los agentes judiciales en tareas de redacción, edición y resumen de documentos, con el fin de optimizar recursos y tiempos de trabajo.
El texto también dispone que, como requisito previo al uso de “ChatIA”, cada agente deberá suscribir una declaración jurada de conocimiento y cumplimiento del marco normativo aprobado (Anexo II).
Asimismo, el incumplimiento de las pautas establecidas o la falta de suscripción de dicha declaración será considerado una falta disciplinaria, sancionable conforme al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Funcional del Ministerio Público (Res. PG N.º 2099/24).
La Secretaría de Innovación y Experiencia Digital quedó facultada para realizar revisiones técnicas y operativas del marco, mientras que el Procurador General deberá aprobar cualquier modificación de fondo.
Por otro lado, la resolución establece que toda actividad desarrollada mediante “ChatIA” podrá ser objeto de auditorías, a pedido de los secretarios de la Procuración General o de las máximas autoridades de gestión.
