En respuesta a la engañosa promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que iniciará acciones ante la Justicia.
El Gobierno nacional promulgó la normativa el último martes -aprobada por el Congreso, que debió insistir tras el veto del presidente Javier Milei-, aunque supeditó su ejecución a una resolución presupuestaria del Poder Legislativo.
En suma, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley, al dejar entrever que no se pondrá en práctica porque no se explicitó la fuente de recursos.
Ante este panorama, y mediante una resolución del Consejo Superior, la UBA autorizó el inicio de las acciones judiciales pertinentes para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
“Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley, suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma”, recriminó la casa de estudios.
Y advirtió que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La norma tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales en todo el país y la recomposición salarial de los docentes y no docentes.
Según los datos compartidos por la comunidad académica, desde diciembre de 2023, la inflación acumuló un 250 % mientras los salarios sólo aumentaron un 95 %, lo que significó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Asimismo, en la función educación, los gastos operativos se registraron desde mayo de 2024 una caída real del 30 %.
“La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”, sentenció la UBA.
