El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata dio lectura en las últimas horas al veredicto del Juicio de La Huerta, en el que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos en 14 centros clandestinos de detención en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, en el fin de este proceso judicial, que comenzó el 25 de febrero de 2022 y que demandó 104 audiencias donde se escucharon los testimonios de 213 personas, se dictaron 8 condenas contra genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad en el circuito represivo de la Subzona 12.
En rigor, los jefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, y los represores Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret, recibieron cadena perpetua.
Asimismo, Martín Carlos Luzuriaga recibió la pena de 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez de 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares de 6 años de prisión y José Luis Álvarez de 5 años de prisión.
Los fundamentos del juicio se darán a conocer el próximo 19 de diciembre, en el que se cerrará un juicio que tuvo 27 absoluciones. La jornada contó con la participación del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, cuyo padre, Carlos Alberto Moreno, fue una de las víctimas.
“Quiero destacar el compromiso de los sobrevivientes con los diferentes testimonios que aportan a la construcción de la verdad. La sentencia, obviamente, tiene algunos puntos que de las querellas se va a apelar porque consideramos que están probados muchos hechos que sucedieron ya hace muchos años. Es un proceso que tiene mucho de angustiante, pero mucho de reparador”, resaltó Moreno.
De qué trató el Juicio de La Huerta
El Juicio de La Huerta investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Subzona 12, que abarca territorios del centro de la provincia de Buenos Aires.
El Circuito Represivo del Centro de la Provincia incluye La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Méndez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil; la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.
Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Hubo cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, que evidencian la participación empresarial.
En concreto, se juzgaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 191 víctimas, pero algunas no estuvieron en condiciones de declarar por su avanzada edad, y otras fallecieron sin poder dar testimonio.
El fallo también determinó que los casos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, puntualizando sobre los hechos que ocurrieron en la localidad de Azul la noche del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976 cuando secuestraron sindicalistas. Entre algunos de los casos, se encuentra la “Quinta de los Méndez”, el ex ISER, Comisarías 1ª y 2ª de Tandil, la Unidad Penal 7 de Azul, “Monte Pelloni” en Olavarría, entre otros.
