Una denuncia por la presentación de amparos supuestamente truchos por parte de estudios jurídicos al ministerio de Salud de la Provincia derivó en un planteo defensista que desnudó una inquietante filtración en los pasillos de los tribunales y en cuatro allanamientos a las oficinas de los abogados apuntados, confirmaron distintas fuentes. Por el momento no hay detenidos, solamente un letrado imputado para quien su defensor, Marcelo Peña, pidió eximición de prisión.
La causa, caratulada como “asociación ilícita y fraude a la administración pública”, arrancó con una denuncia del Defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino, por la supuesta presentación de amparos para cobertura de medicamentos a nombre de afiliados de Incluir Salud (ex Profe), que no habrían hecho tales pedidos, según informó El Día.
Incluir Salud es un Programa Federal que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales, es decir, a personas que no tienen acceso a una obra social por falta de aportes.
La causa quedó bajo la instrucción de la fiscal Cecilia Corfield, subrogante de la UFI 1, quien pidió allanar 5 estudios jurídicos de abogados para secuestrar documentación, computadoras y todo elemento que resultara de interés para la investigación. La Fiscalía de Estado actúa como particular damnificado. Aparentemente el dato de los registros inminentes -previstos en principio para ayer- se “filtró” antes del último fin de semana, llegando a oídos del abogado que representa a cuatro de los cinco estudios jurídicos, Marcelo Peña, quien pidió por escrito el “levantamiento de la medida dispuesta en fecha 27 de agosto 2021” y la nulidad de la misma. En su planteo la consideró “a todas luces innecesaria y desproporcionada”, ya que él mismo ponía a disposición -dijo- “toda la prueba documental necesaria, sea archivos, pendrives, y discos de almacenamiento de los elementos de prueba vinculados a todos y cada uno de los amparistas que impulsaron medidas cautelares”.
“No es necesario el arbitrario uso del poder jurisdiccional y vulnerar derecho de propiedad” y de “libre ejercicio profesional”, insistió Peña. El defensor calificó a la denuncia de “engorrosa” y de “puro corte político”, ya que asegura tener “todos y cada uno de los DNI formato PDF de cada uno de los amparistas”. Finalmente, el lunes se hicieron cuatro registros, dos en La Plata, uno en CABA y otro en Brandsen.
La sospecha que fundó la denuncia es que algunos funcionarios del Programa que tienen sus oficinas en 35 entre 7 y 8 tendrían contacto o serían directamente los abogados externos que presentaron alrededor de 150 amparos por medicamentos presuntamente denegados, a nombre de ciudadanos que no estarían al tanto de tales reclamos. Eso es lo que la Justicia investiga. Por la cuestión de los allanamientos intervino el Colegio de Abogados de La Plata como veedor de los procedimientos, en los que, se denunció, “hasta rompieron puertas sin ser necesario”, explicaron desde la defensa.