Oscar Ernesto Solís, sobreviviente al genocidio, y Luis Fernando Peredes, testigo por Jorge Mendoza Calderón, declararon ayer en la audiencia 40 del juicio unificado por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, admitió Solís, quien estuvo detenido junto a su hermano, Alberto Mario, en la Brigada de Lanús.
Oscar Ernesto Solís vivía en La Tablada y estudiaba para ser ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde fundó con otros compañeros la Federación de Estudiantes Peronistas. Fue secuestrado el 17 de diciembre de 1976, junto a su hermano, y estuvo una semana detenido de forma ilegal en la Brigada de Lanús.
“Durante la madrugada, rompen la puerta trasera de la casa. Estábamos mis padres, mi hermano (Alberto Mario) y una prima. Estaban fuertemente armados. Aparte de secuestrarnos, fueron sustraídos cheques a mi padre y joyas a mi madre”, resumió el hombre, que prestó declaración desde Shangai, China. Encapuchados y atados, ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención y exterminio conocido como El Infierno de Avellaneda.
Cuando llegó al predio, fue torturado con la picana. Tras la sesión, que se extendió por unos 40 minutos, fue llevado “arrastrado” a una celda y luego llegó su hermano “en las mismas condiciones”. “Él era una persona que ni siquiera militaba políticamente. Habremos estado tres o cuatro días juntos”, mencionó. Luego, fueron trasladados a celdas distintas. Una semana estuvieron allí.
El momento del traslado fue un momento de extremo terror. “Pensé que nos iban a matar, pero nos tiraron en unos pajonales del arroyo de Villa Domínico y nos piden que contemos hasta 100. Mi hermano me pidió que contemos hasta 200, lo hicimos, nos sacamos las ataduras, las capuchas y nos pusimos a llorar. Salimos caminando, un hombre (que estaba con un acompañante) pasó con una camioneta y nos llevó hasta su casa. Nos dio de comer, nos permitió bañarnos, estuve por muchos años en contacto con ellos”, recordó con la voz quebrada.
“Es importante que esto se sepa y que todos podamos dar testimonio”, advirtió. “El trabajo que hacen ustedes, buscando la verdad y sin venganza, es lo que pretendemos todos aquellos que hemos sufrido las vejaciones”, mencionó Solís ante el TOF 1 de La Plata, que escuchaba con atención el relato. Ya sobre el final, admitió que sintió “culpa” por ser liberado. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, señaló.
Luego declaró Luis Fernando Paredes era amigo de Jorge Enrique Mendoza Calderón y es por él por el que prestó testimonio. “Al momento de su detención llevaba ocho años viviendo en el país, con pequeños lapsos para ir a visitar a su familia en Perú”, comentó, y mostró su foto. “Lo recuerdo siempre con esa sonrisa que flotaba en los labios”, apuntó.
“Era una persona amable, discreta, siempre sonriente. Despertaba confianza. Era como un hermano, fue adoptado también por mi familia. Tenía la llave de nuestra casa, de mi madre y la de mi tía, por ejemplo. Lo detienen el 5 de octubre de 1976 en nuestra casa de La Plata”, recordó, él vivía con su pareja, su sobrina de 4 años (cuyos padres habían sido detenidos) y Jorge, a quien le alquilaban una pieza y con quien cursaba la carrera de Licenciatura en Cinematografía en Bellas Artes. El procedimiento estuvo a cargo del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Esa vivienda se utilizaba para reuniones de la Comisión de Presos, porque su pareja tenía a tres familiares detenidos, pero “estaba limpia”, mencionó. “Con Jorge éramos militantes, él empezó a militar en la FUR en 1970 y continuamos la militancia en la Juventud Peronista, los dos estuvimos en Montoneros”, explicó a continuación. Dijo que Eduardo Pinchevsky fue el entregador, pero señaló que lo buscaban a él y no a Jorge. El día del secuestro, él y su compañera Norma no estaban en la casa porque había nacido su hijo, quien murió dos días después, y estaban con su madre.
“Lo llevan a Caballería, lo tienen cinco días y luego pasa al circuito Camps, a los diferentes lugares de detención que tenía el Ejercito y la Policía de la Provincia. El último lugar donde se lo vio fue en El Infierno de Avellaneda, que hoy es un sitio de la Memoria”, explicó, de acuerdo a los relatos de testigos. “Nilda Eloy me contó los últimos momentos, estaba muy golpeado, ya no hablaba ni se podía sostener en pie”, mencionó. Lo sacaron del centro clandestino pero nada se supo del después.
El Tribunal, que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. El juicio es transmitido por La Retaguardia.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
El juicio
El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.