El Ministerio de Justicia reabrió en los últimos dos meses más de 30 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), con lo que puso en funcionamiento presencial el 90% de las 93 oficinas que integran la Red Federal de Centros de Acceso a la Justicia.
La cartera que conduce Martín Soria avanzó con esta medida a partir del “éxito” del plan de vacunación contra el coronavirus y el Decreto 494 de agosto de 2021 que permitió el trabajo presencial controlado, según se informó en un comunicado.
Desde el inicio de la pandemia, los CAJ resolvieron, acompañaron o derivaron a otros organismos 174314 consultas.
Además, la Central de Atención de Barrios Populares asistió a 12210 personas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). En simultáneo, se realizaron 2588 operativos de atención territorial.
Durante 2021, el Ministerio de Justicia trabajó para reestablecer la atención presencial en toda la Red Federal de CAJ.
Gracias al reacondicionamiento, reapertura y relocalización de las oficinas de los CAJ, hoy la red logró reestablecer la normalidad del servicio en todas las provincias del país.
En tanto, los centros que aún no atienden de modo presencial mantienen las vías de atención remotas habilitadas desde el inicio de la pandemia y se encuentran próximos a recuperar el trabajo presencial en las próximas semanas.
En los últimos 4 meses el Ministerio inauguró 7 nuevas oficinas de CAJ, que permitieron recuperar la atención presencial de calidad, garantizando al mismo tiempo los protocolos sanitarios vigentes.
A su vez, durante este año el Ministerio de Justicia trabajó para expandir y profundizar la Red Federal de Centros de Acceso a la Justicia: se ampliaron los servicios que brinda cada uno de los CAJ, capacitando a los profesionales de todas las regiones del país para que puedan asesorar sobre la Ley de Alquileres y los procesos de desalojo.
Los CAJ son oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo el país que cuentan con equipos de profesionales, desde las que se brinda atención legal primaria y psicosocial en temas de seguridad social, identidad, violencia de género, violencia institucional, conflictos laborales, derechos de consumidores, inclusión financiera, entre otros. También se asesora en materia de acceso a la salud, cuestiones de familia, problemáticas de vivienda, alquileres o conflictos vecinales.