Mediante resolución 1651/21, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la vuelta a la presencialidad de todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial bonaerense.
La medida, que comenzó a regir desde el lunes, fue cuestionada ayer por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que la consideró “una decisión apresurada y sin el debido debate previo con nuestro sindicato y otras instituciones, que aprovecha el contexto de reaperturas indiscriminadas producido en diferentes jurisdicciones en el marco del mejoramiento de la situación sanitaria”.
“Entendemos que el esquema de organización del trabajo fijado por la nueva resolución requiere ciertas modificaciones y también precisar algunos aspectos centrales de las medidas de cuidado que resulta necesario sostener con firmeza”, agregó el gremio de los judiciales a través de un comunicado.
El sindicato explicó que “resulta incomprensible el cambio de criterio respecto del régimen vigente hasta la semana pasada, en cuanto se habilita a convocar a tareas presenciales a todas las personas que cuenten con una dosis de la vacuna. Esa decisión contraría la estrategia de vacunación fijada en la Argentina, que en esta última etapa priorizó completar las dos dosis de vacunación -en especial para las personas consideradas de riesgo- atento el nivel de protección requerido para enfrentar las nuevas variantes del virus que circulan en nuestro país. También se considera necesario atender la situación especial de las personas que cursan embarazos”.
Al respecto, el secretario General de la AJB, Pablo Abramovich, aseguró que “es desacertada la decisión de avanzar hacia un restablecimiento de la presencialidad, ya que se instala una idea equivocada de retorno generalizado cuando es de público conocimiento que gran parte de las dependencias no cumplen los requisitos mínimos para una presencialidad plena. La pandemia no se termina por decreto”.
En tal sentido, sostuvo que “el límite fundamental para un retorno a la presencialidad plena está dado por los requerimientos de ventilación constante y el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas, conforme lo establece el Protocolo de Actuación y Seguimiento por el Covid-19 aprobado por Resolución de Presidencia SPL Nº5/20”.
“El esquema de grupos de trabajo o “burbujas” permitía un control del cumplimiento de esos requisitos que difícilmente pueda garantizarse con el nuevo régimen, lo que podría haberse resuelto con incremento gradual del aforo dispuesto por la propia Corte y controlado adecuadamente. Este nuevo esquema requerirá un mayor compromiso de las y los trabajadores y la intervención de la AJB para sostener los cuidados necesarios”, agregó.
Los judiciales entienden que “la disposición de la Suprema Corte modifica de forma abrupta un esquema de trabajo que en el trascurso de largos meses de pandemia permitió a las y los empleados y funcionarios ir adecuando su organización familiar y las tareas de cuidado a la nueva realidad laboral, combinando tareas presenciales y de forma remota. Comprendiendo esa situación, cualquier modificación de esas condiciones requiere un proceso gradual de readecuación, lo que deberá ser tenido en cuenta por las y los titulares de dependencia durante las próximas semanas para evitar situaciones de conflicto y sostener el funcionamiento adecuado de los diferentes organismos”.
Finalmente, la conducción del gremio adelantó que realizará un pedido de reunión a la Suprema Corte para trasmitir sus planteos y requerir que se garantice un proceso de transición que contemple las diferentes situaciones particulares que se susciten en cada una de las dependencias, así como profundizar los mecanismos de control del cumplimiento de las medidas de cuidado, en particular el distanciamiento y la ventilación de los espacios de trabajo.