El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto que propone endurecer las penas por amenazas y agresiones contra docentes, directivos y personal no docente de establecimientos educativos públicos y privados. La iniciativa incorpora agravantes específicos al Código Penal y crea una prohibición de acercamiento obligatoria de hasta cinco años para quienes ejerzan violencia dentro del ámbito escolar.
La propuesta llega en un contexto marcado por episodios de extrema gravedad en distintos puntos del país. Para el legislador, estos casos ilustran un fenómeno que “hace apenas algunas décadas hubiera resultado impensable” y que hoy exige una “respuesta normativa clara, proporcionada y eficaz”.
El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 80 del Código Penal que agrava las penas cuando la víctima sea un docente o personal escolar y prevé un aumento de un tercio en las escalas penales para amenazas y coacciones cometidas contra ellos. Además, modifica el artículo 237 para que la violencia ejercida contra educadores sea considerada atentado a la autoridad. Según sostiene el diputado cordobés, la escuela, como institución central del Estado, “se encuentra hoy expuesta a situaciones de agresión” que ponen en riesgo su funcionamiento.
Agost Carreño destacó que el deterioro de la convivencia escolar no puede analizarse de manera aislada. “Los episodios de amenazas, coacciones, lesiones y agresiones pueden provenir tanto de alumnos como de padres, madres o tutores”, señaló, y advirtió que esto evidencia “un deterioro profundo en el respeto a la autoridad educativa”.
El legislador aclaró que la iniciativa no busca “criminalizar” conflictos escolares cotidianos ni intervenir en desacuerdos institucionales, sino actuar sobre hechos que superan ese umbral. “La violencia contra educadores no puede ser tratada como un conflicto escolar más, sino como una amenaza al sistema educativo y al orden social”, afirmó. En esa línea, subrayó que estos episodios no sólo dañan a la víctima directa: “erosionan la disciplina, deterioran el clima institucional, desalientan la vocación docente y afectan el aprendizaje de toda la comunidad educativa”.
Con la violencia escolar instalada como tema urgente en la agenda pública, el diputado sostuvo que proteger a los docentes es proteger el derecho a la educación. Por eso, concluyó que “reforzar la protección penal es una condición necesaria para recuperar la convivencia y garantizar la estabilidad de una de las instituciones más importantes de la República”.
