La odisea de las familias de Hipotecados UVA sigue sumando apoyos y la lucha no cesa. En esta oportunidad, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, inició las siguientes acciones a nivel provincial y nacional para encontrar una salida al ahogo financiero de los afectados.
En primer lugar, Lorenzino solicitó información a bancos públicos y privados sobre su registro de deudores de créditos UVA; además, envió un pedido al Ejecutivo para que convoque a todos los sectores involucrados para buscar una solución equitativa para los usuarios que ven peligrar sus viviendas por los permanentes aumentos.
Por último, recomendó al Banco Central evaluar alternativas de modificación del actual sistema de créditos con capital ajustable por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), o cualquier otro índice y/o coeficiente, para garantizar que los tomadores de dichos préstamos tengan asegurado su derecho de acceso a la vivienda.
A su vez, el equipo legal de la Defensoría provincial recibió a las familias damnificadas en la sede administrativa de la ciudad de La Plata. “La reunión fue muy positiva, fuimos escuchados también, por Henry Stegmayer, Presidente de la Asociación Civil Consumidores Responsables”, aseguran desde el colectivo, y continúan: “Tanto Lorenzino como sus colaboradores, resaltaron la actividad colectiva que realizamos incansablemente cada día y admitieron que la visibilización ciudadana sobre causas justas y equitativas, son fundamentales para ejercer en conjunto presión en la opinión pública y el compromiso de los poderes legislativo y ejecutivo”.
Cabe recordar que tanto las cuotas como el capital adeudado en los créditos UVA se indexan por inflación, por lo que en su valor se incrementó un 57% anual, duplicando el monto adeudado y aumentando considerablemente las cuotas mensuales. Esto es: aumenta la inflación, aumenta la deuda.
Ante la desequilibrada situación, en el encuentro la Defensoría asumió el compromiso de colaborar con las familias y la asociación de defensa del consumidor y DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores) que asuman el patrocinio, en las posibles acciones a entablar.
Según comunicó el colectivo de afectados, en la reunión se reiteró que los tribunales rechazan la legitimación (patrocinio) de la Defensoría para litigar casos colectivos y que se comenzó a estudiar el tema, advirtiendo la dificultad de la problemática.
Es que, “no es un caso evidente, es producto de una situación de hecho”, generada por la situación económica. De ahí la dificultad de su planteo en términos jurídicos. Estiman que, aun iniciando una acción en los términos de la ley de defensa del consumidor, el proceso se puede prolongar por varios años.
Fuente: Diagonales