El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo un borrador de lo que será la nueva Ley de Libertad Educativa, una iniciativa cuyo objetivo principal es derogar la Ley de Educación Nacional y reformular la estructura del sistema educativo básico de la Argentina.
Con un texto que abarca 136 artículos, el proyecto propone una profunda reorganización del sistema, con especial énfasis en la autonomía escolar, la libertad de enseñanza, el fortalecimiento del rol de las familias y un nuevo enfoque en el financiamiento de la educación.
En sus lineamientos generales, el borrador introduce una visión más flexible y descentralizada, en la que se destaca la posibilidad de que cada institución diseñe su propio plan de estudios, respetando los contenidos mínimos establecidos a nivel nacional. El proyecto cubre los niveles inicial, primario y secundario, pero excluye explícitamente a la educación superior, que continuará bajo su propia legislación.
Uno de los aspectos más llamativos es la habilitación formal de la educación en el hogar (home schooling) como una modalidad válida y alternativa, que, junto con la educación híbrida y a distancia, será oficialmente reconocida. Los estudiantes que opten por esta modalidad serán evaluados mediante exámenes periódicos, sin que se establezca una edad mínima obligatoria para la escolarización en casa.
Además, el borrador prevé que las provincias puedan ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas estatales, de manera optativa y fuera del horario habitual de clases. En cuanto a la autonomía institucional, las escuelas podrán tener mayor libertad para diseñar sus planes pedagógicos, adaptados a su ideario, aunque siempre respetando los contenidos mínimos comunes que el proyecto establece.
El borrador también incorpora la declaración de la educación básica como “servicio esencial”, lo que obligará a garantizar la continuidad mínima del servicio educativo durante cualquier tipo de medida de fuerza.
“Libertad Educativa”
El texto redefine el papel del Estado en el sistema educativo, al asignarle una función “subsidiaria” en la que la familia ocupa un lugar central como responsable primaria de la educación de los hijos. En los fundamentos de la propuesta, la noción de “libertad educativa” se presenta como un concepto clave, incluso por encima del papel del propio Estado. Aunque la educación deja de ser considerada un “bien público”, se mantiene la gratuidad de la enseñanza desde sala de cuatro años hasta el final de la secundaria, al mismo tiempo que se garantizan los contenidos mínimos comunes, ahora establecidos como equivalentes a los actuales Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.
En el plano curricular, el proyecto introduce un cambio fundamental: los contenidos mínimos no podrán ocupar más del 75% del tiempo escolar. El restante 25% será destinado a lo que se denomina “autonomía curricular”, un espacio para que cada institución adapte sus enseñanzas de acuerdo con sus propios lineamientos pedagógicos.
En cuanto a la evaluación, el proyecto sostiene la continuidad de las pruebas Aprender, pero con un cambio significativo: se realizarán de forma anual y censal en los últimos años de primaria y secundaria. Además, se habilita la publicación de información desagregada por escuela, aunque sin identificar a los alumnos ni docentes.
