Luego de que trascendiera un borrador del proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, que buscaría reemplazar a la actual Ley Nacional vigente desde 2006, Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) repudiaron la iniciativa del Gobierno nacional, al calificarla como “un ataque al sistema democrático en su conjunto”.
A través de un documento, la Junta Directiva de CTERA cuestionaron que los primeros artículos que salieron a la luz del borrador del proyecto pretende “eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.
“Desde CTERA rechazamos enérgicamente el documento de ‘Ley de Libertad Educativa’ y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales”, puntualizaron desde el gremio conducido por Sonia Alesso.
En detalle, el proyecto de “Ley de Libertad Educativa” recuperaría varias de las medidas que el Gobierno había planteado inicialmente en la Ley Bases, en diciembre de 2023. Si bien garantiza la gratuidad y obligatoriedad en los niveles inicial, primario y secundario ya no define la educación como un “bien público”. Según indicaron desde Casa Rosada, la intención sería discutirlo a partir de diciembre, en sesiones extraordinarias.
El nuevo borrador, de 136 artículos, plantea una reformulación más amplia del sistema educativo, en el cual las instituciones tendrían la facultad para definir el régimen de gobierno interno, los planes de estudio propios, los reglamentos, el régimen de personal y las políticas de admisión. Para las escuelas estatales, el escrito prevé una transición progresiva hacia un esquema de gestión autónoma.
En ese sentido, desde CTERA advirtieron que la iniciativa del Gobierno nacional la busca derogar la actual ley de educación N° 26.206. “Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado”, añadieron.
“Lo rechazamos también por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Promueve la educación en los propios hogares (homeschooling)”, criticaron desde CTERA.
Por último, el gremio nacional sostuvo que el borrador de reforma educativa arremete contra el derecho a huelga declarando a la educación general básica como ‘servicio esencial’, lo que limitaría medidas de fuerza o paros, y “avanzan con la imposición de una evaluación punitiva para la docencia ligada a los postulados de la meritocracia”.
Por parte de la CGT, el secretario de Políticas Educativas de la entidad gremial y referente de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, sostuvo que el proyecto derriba el actual sistema educativo para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento”.
En el ámbito legislativo, la diputada bonaerense del bloque UCR-Cambio Federal, Belén Malaisi, repudió la “Ley de Libertad Educativa” impulsada por la la administración de Javier Milei, al advertir que la iniciativa apunta contra “el bien público de la educación”.
En ese sentido, Malaisi calificó como “desacertada” la intención del Gobierno nacional de avanzar en esta reforma, tras lo cual afirmó que, si bien hay aspectos para mejorar de la actual ley de Educación N°26.206, la escuela es “obligatoria, de calidad y es la mejor herramienta de movilidad social ascendente”.
