Equipos de fiscalización de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectaron, durante un operativo realizado en el Parque Náutico San Fernando, que 82 cruceros, lanchas y veleros no se encontraban registrados ante el fisco y, de esa manera, sus dueños evadían el pago del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas.
La Agencia de Recaudación envió intimaciones a cada titular de las embarcaciones sin declarar para notificar que procederá a dar el alta de oficio de esos bienes, de manera de cobrar el impuesto adeudado y las multas correspondientes.
A lo largo de este año, en las fiscalizaciones sobre el sector náutico ARBA detectó casi 3.000 embarcaciones que estaban sin declarar, y 259 de ellas ya fueron inscriptas al padrón.
Por otra parte, intimó a 37.403 contribuyentes que registraban deudas por 2.790 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, y recuperó 488 millones de pesos por cuotas impagas. La fiscalización durante 2021 también incluyó a responsables de amarres y guarderías náuticas: 297 recibieron intimaciones por no presentar declaraciones juradas de Ingresos Brutos o, directamente, por no haberse inscripto en ese tributo, en tanto que a otras 66 se les iniciaron sumarios por incumplir el régimen de información con ARBA.
El director de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estos controles en el sector náutico apuntan a regularizar la situación de quienes poseen embarcaciones de lujo sin declarar”, y resaltó que “queremos terminar con la especulación de ciertos sectores de la sociedad, de alto poder adquisitivo, que deciden no inscribir sus yates y evadir así el pago de impuestos”.
“Las guarderías tienen la obligación de informarnos las matrículas de todas las embarcaciones que amarran en el lugar. Esa información se cruza con la base de datos de ARBA para detectar las que no están registradas. En este caso, verificamos en un operativo presencial que, del total de yates, veleros y lanchas en infracción, había 19 con precios de mercado que van de 350.000 a 1,5 millones de dólares. Sus dueños nunca los declararon, lo que es un despropósito e injustificable. Y fueron intimados para que regularicen inmediatamente su situación”, subrayó el funcionario, quien encabezó la labor de fiscalización en San Fernando.