La senadora del PRO, Aldana Ahumada, presentó junto a sus pares Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, un proyecto para derogar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en toda la provincia de Buenos Aires, debido a que se trata de un “instrumento ineficaz” que garantice la seguridad vial.
En los fundamentos de la iniciativa se expresa que la VTV “ha demostrado ser un instrumento ineficaz para cumplir con el fin para el cual fue instaurada: la seguridad vial. En lugar de garantizar una circulación más segura en las rutas y calles de nuestra provincia, la VTV ha generado un sistema que, en muchos casos resulta ineficiente y burocrático, mientras que las principales causas de siniestralidad no están vinculadas directamente al estado técnico de los vehículos”.
Asimismo, plantea la cuestión económica, que en un contexto de crisis económica, “el costo de la VTV se ha elevado considerablemente, alcanzando en octubre de 2024 los $44.175,21 para vehículos de hasta 2.500 kg., y $17.670,09 para motocicletas de hasta 200 cc., lo que representa una presión significativa en el contexto económico actual. Estos valores, sumados a la inflación y la caída del poder adquisitivo, obligan a muchas familias a destinar recursos a un trámite que no ha probado ser efectivo en sus fines”.
“Es importante destacar el impacto negativo que la VTV ha tenido sobre sectores productivos que dependen de sus vehículos para trabajar. Transportistas, pequeños empresarios y emprendedores ven incrementados sus costos operativos debido a esta obligación, afectando su competitividad y capacidad de desarrollo. Esta situación ha repercutido también en el transporte público y de carga, generando un aumento en los costos de transporte que, a su vez, se traslada a los precios de bienes y servicios, afectando la economía de la provincia”, se detalla como otro de los puntos importantes dentro de los fundamentos del proyecto.
A través de sus redes sociales, la senadora expresó que “eliminar la VTV en PBA no es solo una cuestión de costos, es una apuesta a simplificar la vida de miles de bonaerenses. Hoy es un trámite caro, ineficiente y que no está demostrando cumplir con su objetivo principal: reducir los siniestros viales”.
