A 20 años del resonante caso que impulsó un cambio de política respecto de la detención de menores, las familias de las víctimas convocaron para esta tarde a un acto recordatorio en la Plaza de la Estación de Quilmes, en donde se encuentra la señalización y tal como lo hacen siempre desde hace dos décadas.
El 20 de octubre de 2004, un incendio en la Comisaría Primera de Quilmes terminó con la vida de cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años: Diego Maldonado, Elías González, Manuel Figueroa y Miguel Aranda. Ellos estaban alojados en condiciones inhumanas de detención y eran víctimas de torturas sistemáticas; ese día, tras el incendio, los policías requisaron y golpearon a las víctimas antes que auxiliarlos.
Luego de la masacre, el ministro de Seguridad León Arslanian prohibió por resolución el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales.
En el marco de estos 20 años Tobías Corro Molas reflexionó sobre el impacto que tuvo el caso en la normativa provincial, y sobre el resurgimiento de los discursos que reclaman mano dura y la baja de la edad de inimputabilidad. En 2004 Tobías tenía 28 años, era cura y ejercía su labor pastoril en Villa Itatí. Al enterarse de la tragedia en Quilmes, se contactó con las familias de las cuatro víctimas y las acompañó a lo largo del proceso de organización en reclamo de justicia que duró más de 15 años.
La Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes ocurrió el 20 de octubre de 2004. Ese día había 17 jóvenes menores de 18 años detenidos en dos calabozos ciegos de 3 por 4 metros cada uno, en condiciones de aislamiento y hacinamiento extremo. La mayoría de estos jóvenes estaba esperando un traslado a un centro de detención juvenil o de rehabilitación por consumo problemático.
El 20 de octubre, luego de otra violenta requisa, Diego Maldonado, uno de los chicos detenidos, recibió una carta con la noticia del fallecimiento de su hermana menor, por lo que solicitó permiso para asistir al velatorio. La policía le negó eso y la comunicación con su familia. Como medida de protesta, los chicos prendieron fuego un pedazo de colchón y, a pesar de los gritos de auxilio, los policías demoraron 15 minutos en abrir el calabozo.
Además del accionar policial que demoró el auxilio, la dependencia policial no contaba con las medidas de seguridad necesarias para combatir el incendio. Los jóvenes terminaron intoxicados por la inhalación del humo que desprendían los colchones y con quemaduras; a pesar de las graves lesiones, los policías volvieron a golpearlos y los amontonaron en la cocina del lugar para interrogarlos por el incendio.
Diego Maldonado de 16 años, Elías González de 15, Manuel Figueroa de 17 y Miguel Aranda de 17 fallecieron en las horas y días siguientes por intoxicación y por las quemaduras generadas por el incendio. El resultado de las autopsias también dio cuenta de las golpizas a las que habían sido sometidos.
Recién 11 años después de la masacre se realizó el juicio. La Comisión Provincial por la Memoria estuvo durante esos años acompañando el reclamo de las familias y fue veedora de las audiencias.
La masacre de Quilmes se erigió como caso testigo de una época. La muerte de los cuatro jóvenes evidenció la inexistencia de dispositivos de protección y promoción de derechos de los detenidos en las comisarías.
Tras los hechos, y mediante la resolución 1623/04 publicada en el boletín informativo del 25 de octubre de 2004, el ministro de Seguridad, León Carlos Arslanian, dispuso prohibir “el alojamiento de menores en dependencias policiales, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto”.
