La jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, suspendió cautelarmente el proceso de revisión de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, creada por Ley 27.731. La acción había sido interpuesta por la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, en conjunto con docentes, no docentes y alumnos de la entidad tras la decisión del Gobierno Nacional de revisar las cinco universidades nacionales, creadas por ley en 2023, por medio de una decisión ministerial.
A través de la Resolución 45/2024, el Ministerio de Capital Humano había dispuesto la revisión de creación e inicio de actividades académicas de las nuevas universidades de Pilar, Delta, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Tras dicha iniciativa, se interpuso un amparo colectivo y se solicitó el dictado de una medida cautelar y una cautelar interina, mediante la cual se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución Ministerial cuestionada.
“La norma cuestionada –Resolución N°45/24, al disponer el proceso de revisión de la creación legislativa de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (en adelante UNMa) [que afecta a la sede del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires], resulta -en este estado inicial del proceso-, irrazonable en razón del marco normativo vigente en materia de Universidades Nacionales”, sostuvo Forns para hacer lugar a la cautelar.
Por otra parte, la magistrada señaló que el Congreso Nacional, a través de la ley 27.731 y en uso de facultades constitucionales, creó la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Justamente, en virtud del principio de “autonomía universitaria”, es que al Poder Legislativo le corresponde dictar las normas de organización en la materia.
Asimismo, la jueza afirmó que “no es posible perder de vista en el caso concreto, que se encuentran involucrados los derechos constitucionales de enseñar y aprender (art. 14 CN y tratados con jerarquía constitucional) y de trabajar (art. 14 bis Constitución Nacional)”. En tal sentido, afirmó que la resolución administrativa impactaría negativamente con el cierre de la sede UNMa en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, comprometiendo los estudios de los alumnos que allí cursan. De tal modo, ordenó su inmediata reapertura y que se aseguren los fondos presupuestarios para su funcionamiento.
Con esa base, la titular del Juzgado Federal de San Martín consideró acreditado los requisitos para otorgar la cautelar peticionada y, consecuentemente, suspender los efectos de la resolución ministerial, ello hasta tanto se sustancie la cuestión de fondo.
