El juez a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, Oscar Alberto Papavero, rechazó la acción de amparo interpuesta por la Municipalidad de Tigre con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 267/2024. Dicha resolución, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, impide que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios incluyan en su facturación sumas o conceptos ajenos a los bienes o servicios respectivos. De esta manera, el municipio afectado no podría recaudar tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos.
El Municipio entendió que dicha normativa nacional vulnera la autonomía municipal, avasallando su poder local, argumento que fue rebatido por el juez ya que entendió que le asiste razón al Estado Nacional. Con base en el derecho del consumidor “la inclusión de las gabelas locales en la facturación de los servicios públicos sin que exista la posibilidad de pagar un concepto (cargos eléctricos e impuestos y contribuciones relacionados con aquel) y no abonar el otro (tasas y contribuciones) afectaría los derechos de los usuarios consumidores. Esta apreciación no importa desconocer la autonomía municipal. Sólo se trata de que exista una actuación armónica de las autoridades nacionales y locales, de modo de no generar interferencias entre los poderes de una y otras, en desmedro de la cooperación puesta al servicio del interés general. (…)”. De esta manera, el mecanismo de facturación podría implicar una “coerción implícita” al pago de la tasa, por la posible suspensión del servicio esencial tras la falta de pago.
En consecuencia, el juez de grado consideró que la resolución cuestionada no se trata de un acto de autoridad pública manifiestamente arbitrario ni ilegal, requisito esencial para la procedencia de la acción de amparo. Sino que “fue emitido por una autoridad competente, en el marco de sus atribuciones, con suficiente fundamento en hechos que no han sido debidamente rebatidos y que justifican en forma razonable el temperamento allí adoptado”.
Tampoco, sostuvo el magistrado, “ha sido demostrada la lesión actual o inminente en los derechos del municipio actor, ya que no existe sustancial desconocimiento de su potestad tributaria y nada obsta que -con las previsiones temporales del caso- acuda a los habituales mecanismos de recaudación directa de las tasas municipales, o establezca aquellos que considere adecuados y convenientes, siempre resguardando los derechos de los administrados y/o consumidores.”
Por ello y por aplicación de la ley más beneficiosa para el consumidor conforme lo dispuesto en la ley 24.240, resolvió rechazar la acción de amparo interpuesta. No obstante, señaló que el plazo de 30 días fijado por el Estado Nacional para la aplicación de la resolución es arbitrario para que el municipio reacomode la modalidad de cobro, por lo que amplió dicho plazo a 90 días.
Fuente: Palabras del Derecho
