La diputada bonaerense del bloque Unión por la Patria (UxP), Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley para crear una Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados. La iniciativa busca regular la administración, custodia y reutilización social de bienes incautados en causas penales dentro del ámbito de la justicia provincial.
De acuerdo al texto, la dirección de la Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados estará a cargo de un directorio nombrado por el Ejecutivo bonaerense, con un mandato de cuatro años y posibilidad de reelección. Además, se especifica que los integrantes del directorio desempeñarán sus funciones ad honorem.
Entre sus principales objetivos, la Agencia deberá asegurar la conservación del valor y productividad de los bienes, favorecer la reparación integral de las víctimas, garantizar el cumplimiento de decomisos y penas pecuniarias, y promover la reutilización social de los activos secuestrados.
En ese sentido, el proyecto detalla un proceso administrativo para determinar qué hacer con cada bien secuestrado o decomisado y se contemplará la posibilidad de continuar actividades productivas cuando los bienes correspondan a empresas o unidades económicas.
Para esto, se establece que el administrador designado deberá analizar la viabilidad de la actividad, consultar a los trabajadores e identificar los requisitos para su funcionamiento. Si la continuidad es posible, se permitirá que una cooperativa formada por empleados tome el control de la empresa. Mientras que, en caso contrario, el documento establece una liquidación de los bienes y su eventual subasta.
Por otro lado, el proyecto oficialista prevé un tratamiento específico para distintos tipos de bienes secuestrados. En el caso de los estupefacientes y psicotrópicos deberán ser destruidos, salvo indicación contraria de la Justicia.
En lo que respecta a armas de fuego y explosivos, el proyecto dispone que sean entregados a la autoridad administrativa competente, mientras que los documentos falsificados y el dinero apócrifo también serán eliminados.
Como novedad, la propuesta legislativa no deja por fuera a las criptomonedas, luego del sonado escándalo de $LIBRA y establece la creación de una “wallet” oficial para su almacenamiento en instituciones bancarias o públicas.
