Tras una elección con más del 46% de ausentismo, el diputado de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para amnistiar a los ciudadanos que no emitieron su voto en los comicios del pasado 18 de mayo.
La propuesta se apoya en un antecedente de 2007 en el que también se otorgó una amnistía por razones similares y busca eximir de las sanciones previstas en el artículo 259 del Código Electoral porteño, que establece multas de hasta $219.486 por no votar sin justificación.
En ese sentido, Santoro aseveró que “si una persona, conociendo la sanción, decide no votar, está bien que reciba una penalidad. Pero si no conoce la sanción, se convierte en una medida injusta con fines recaudatorios, que genera enojo y distancia con el sistema. La amnistía busca reparar esa falla y permitir que en el futuro el voto se ejerza con libertad y responsabilidad”.
Asimismo, remarcó que, al perdonar la posible sanción, le ahorrarían al privado hasta 316 mil millones de pesos. Según datos oficiales, apenas el 53,35% del padrón participó en los comicios, lo que representa aproximadamente 1,6 millones de votantes sobre un total de más de 3 millones de electores habilitados.
Para Santoro, este nivel de ausentismo “afecta la legitimidad institucional” y evidencia la necesidad de “restablecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, en lugar de castigarlo con medidas recaudatorias”.
El proyecto se fundamenta en el principio de equidad y en un antecedente directo: la Ley Nº 2.562, sancionada en 2007, por la cual se concedió una amnistía a los ciudadanos que no votaron o incumplieron funciones electorales durante las elecciones locales de ese año. “Cuando las condiciones no son adecuadas para exigir plenamente el deber electoral, la Legislatura ha sabido actuar con sensatez y razonabilidad”, recordó el diputado.
La propuesta establece que esta amnistía sea “por única vez” y exhorta, en caso de que no prospere, a que los otros poderes evalúen la aplicación de sanciones alternativas, como trabajos de utilidad pública, y que se adopte un criterio de progresividad basado en antecedentes personales de incumplimiento.
“Estoy convencido de que las leyes deben respetarse, y el voto es obligatorio. Pero también creo que hubo una gran falla institucional en comunicar la obligatoriedad de estas elecciones y las consecuencias de no votar. Por eso, sería un error sorprender a los ciudadanos con semejantes sanciones sin aviso previo”, sentenció Santoro.
