La Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal de Casación Penal y la Fundación Hogares de Cristo firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de favorecer la reinserción social de personas en libertad condicional o con penas de ejecución condicional.
El acuerdo fue suscripto durante un acto en el edificio de Comodoro Py, donde participaron el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Javier Carbajo, además de integrantes de la Fundación y jueces de primera instancia.
El convenio fue rubricado por la titular de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP), Virginia Barreyro, y el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, referente de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad o con consumos problemáticos.
Rosatti destacó la necesidad de que el Poder Judicial “tome contacto con la realidad” y se involucre en experiencias que devuelvan dignidad a quienes atraviesan procesos de exclusión. “Siempre pensé que las sociedades no se deben medir por su producto bruto, sino por cómo tratan a sus vulnerables”, remarcó.
Barreyro sostuvo que la alianza con Hogares de Cristo se basa en experiencias positivas registradas por DECAEP en procesos de recuperación de personas con antecedentes penales y problemas de adicciones. “Vimos cómo se convertían en referentes para otros en situaciones similares. Allí decidimos profundizar este trabajo conjunto”, explicó.
Por su parte, el padre Pepe recordó que fue el papa Francisco quien, siendo aún arzobispo de Buenos Aires, los impulsó a acompañar “la vida como viene”, con todas sus dificultades. “Trabajamos en territorios donde explotan la violencia, la droga y la marginalidad. Allí generamos comunidad”, subrayó.
La DECAEP, creada por ley en 2014, tiene a su cargo el control del cumplimiento de condiciones impuestas a personas que accedieron a beneficios como la libertad condicional, la suspensión del juicio a prueba o penas domiciliarias. A su vez, presta asistencia social a quienes egresan del sistema penitenciario.
El convenio recibió autorización de la Corte Suprema el pasado 23 de mayo y se enmarca en los esfuerzos por articular el sistema judicial con organizaciones territoriales con presencia en todo el país.
