Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (UP) y Juan Manuel López (CC) presentaron un proyecto de ley que busca brindar un marco de protección a periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa para garantizar el ejercicio libre y seguro de sus labores frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven expuestos cotidianamente.
“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
“Esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”, agregaron los diputados firmantes al hacerse eco de la preocupación por la violencia del presidente Javier Milei contra periodistas.
Entre otros objetivos, la iniciativa busca “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa”, “asegurar la protección de las fuentes periodísticas” e “investigar, juzgar y sancionar ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones” contra ellos.
Según precisa el proyecto, “el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores” periodísticas y en ese sentido “deberá adoptar todas las medidas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad” de los trabajadores de prensa.
En particular, deberá “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros”, y en esa línea los “funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a actos de violencia”.
Además, deberán “realizar campañas públicas en medios de comunicación y redes sociales que concienticen a la sociedad respecto de la importancia del libre ejercicio de la actividad” periodística.
En tanto, el Estado deberá “respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Por otra parte, deberá “asegurar el acceso a fuentes de información” de manera tal que “las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar el acceso a documentos e información que obren en poder del Estado, incluidos sitios web oficiales, y garantizar la obtención de respuestas oportunas incluso en conferencias de prensa”.
En otro orden, deberá “garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas”.
“Esto implica que las personas que invoquen su sola condición de periodistas, fotorreporteros/as o trabajadores de prensa, no podrán ser molestados, hostigados, agredidos, detenidos, trasladados, dañadas sus herramientas de trabajo, ni sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de ejercer su profesión, antes, durante y después de la manifestación pública”, detallaron.
Aparte, los funcionarios deberán “abstenerse de requisar, secuestrar, acceder y/o extraer sin orden judicial, los soportes de registro o materiales de trabajo de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa”.
“Las fuerzas de seguridad que intervengan en los operativos en contextos de manifestación pública tendrán expresamente prohibido realizar acciones que impidan a periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa o demás asistentes a la manifestación pública, el registro de imágenes y/o la obtención de testimonios en esas circunstancias”, se señala en el proyecto.
