La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mercedes Trimarchi presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevé manifestar “su más enérgico repudio” al DNU 383 que “institucionaliza el ciberpatrullaje”.
El mencionado decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y facultaría “a las fuerzas represivas nacionales a realizar detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional, se avanza en la creación de un organismo de seguridad con el que se institucionaliza el coactivo accionar del ciberpatrullaje sobre la ciudadanía y se vulneran gravemente derechos y garantías constitucionales, el principio de inocencia y las libertades democráticas”.
En los fundamentos de la iniciativa, la diputada afirmó que ese decreto “constituye un nuevo avance autoritario por parte del Gobierno Nacional, en el marco de una acción represiva cada vez más brutal y violenta sobre los sectores populares, las organizaciones sociales y los militantes políticos que se oponen a su régimen cada vez más iracundo e intolerante” e indicó que “bajo el pretexto de reforzar la seguridad y combatir el delito, se habilita a las fuerzas federales a actuar por fuera de todo marco legal, facultándolas a detener personas sin orden judicial ni garantía de debido proceso”.
“A partir de la firma del decreto la PFA podrá revisar, sin orden judicial, redes sociales y detener si considera sospechosas a las personas o grupos que difundan sus publicaciones. En caso de manifestaciones, también sin orden judicial, la PFA podrá revisar vehículos, bolsos y pertenencias procediendo a disponer detenciones por la vestimenta o rostro. A la vez, se crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dentro de la Policía Federal, facultándolo para actuar sin orden judicial, incluso en el ámbito digital, con detenciones de hasta 10 horas y requisas arbitrarias. Así se configura una concentración de poder policial con nulas garantías, similar a modelos autoritarios, bajo eufemismo de ‘lucha contra el crimen’ que habilita una cacería represiva”.
Por lo que concluyó denunciando que “este decreto es una herramienta de persecución política y disciplinamiento social. Resulta la coronación, o cristalización por parte de un programa de Gobierno que solo puede sostenerse a través de la más brutal represión. La feroz transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grandes grupos económicos, el ajuste sobre jubilaciones, salarios y servicios públicos, y, ajuste y el ataque a distintas conquistas sociales, solo pueden imponerse con miedo, con palos y con cárcel para quienes se organizan y protestan”.
