La Justicia de La Plata sostuvo la validez del uso de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, al determinar que no existía ninguna resolución judicial que impidiera su funcionamiento. Los dispositivos continuaron operando con normalidad en calles municipales y rutas provinciales, controlando infracciones como el exceso de velocidad.
La decisión fue tomada por el juez de garantías Juan Pablo Masi y el fiscal Álvaro Garganta, quienes descartaron la existencia de alguna medida cautelar que frenara el uso de los radares y fotomultas por parte de la PBA o los comunas. Según los documentos oficiales, el juez Masi afirmó que no se había dictado resolución alguna que impidiera a las autoridades bonaerenses recaudar fondos mediante el sistema de cinemómetros. En el mismo sentido, el fiscal Garganta comunicó que el Ministerio Público Fiscal no había solicitado ninguna acción para frenar su aplicación.
Desde CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) aseguraron que los radares instalados y las fotomultas en el territorio bonaerense contaban con la habilitación correspondiente y cumplían con los requisitos técnicos establecidos por la normativa vigente al momento de su instalación.
“La investigación judicial en la provincia de Buenos Aires dejó en claro que no existe ninguna medida legal que impida a los municipios o al Gobierno provincial recaudar mediante infracciones detectadas por radares”, indicaron desde CECAITRA en un comunicado.
