El Gobierno eliminó esta semana el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RenaCom), encargado de acreditar la existencia de espacios gestionados por organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria. Pese a que desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que los controles pasaron a ser presenciales, desde los comedores denuncian que continúa la falta y entrega de alimentos y señalan que “la medida apunta a invisibilizarlos”.
El referente del Frente Popular Dario Santillan y trabajador del comedor “20 de diciembre” en el barrio La Cañada, de Quilmes, Orlando Agüero, recordó en la 750 que “desde que asumió este nuevo ciclo de presidencia con Javier Milei a la cabeza, pero en el Ministerio de Capital Humano con Sandra Pettovello hubo un corte abrupto a la entrega de mercadería, de alimentos secos y frescos a la inmensa mayoría de los comedores populares en los barrios”.
Según el referente barrial, este hecho dejó a los vecinos y vecinas en total desamparo. “A partir de ahí comenzamos a vivir una situación bastante degradante en términos de calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas porque acompañado de esto hubo toda una política a través del modelo económico de empobrecimiento masivo de las personas de los barrios que no tienen trabajo formal y permanente”, lamentó.
Asimismo, afirmó que a través de la eliminación del RenaCom “muchos de los comedores que veníamos recibiendo mercadería para bancar la olla de muchas familias quedamos absolutamente borrados del mapa como si no existiéramos”.
La medida que dejó sin efecto el RenaCom fue publicada en el Boletín Oficial y anula las resoluciones 480/2020 y 1653/2022 reglamentadas por el entonces Ministerio de Desarrollo Social.
Según argumenta la resolución, dicho objetivo inicial se alteró debido a los cambios incorporados por el Programa Alimentar Comunidad, que quitó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos. A partir de ahora, bajo el nuevo esquema de gestión, el acceso a la asistencia alimentaria se verifica con visitas presenciales en los territorios.
El documento justifica que la decisión responde a la necesidad de terminar con la intermediación y “optimizar los recursos públicos en pos de garantizar una utilización eficiente, oportuna, transparente y responsable, que permita brindar atención a necesidades básicas y urgentes de los sectores sociales más vulnerables”.
