Esta semana, el Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto del diputado de Unión por la Patria, Germán Di Césare, que impide el ingreso de deudores alimentarios a casinos, salas de juego y bingos en todo el territorio bonaerense.
De esta manera, el Gobierno bonaerense sumará un nuevo mecanismo de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en línea con las herramientas vigentes desde el Poder Judicial, ya que la norma habilita al Ejecutivo a “implementar los procedimientos necesarios” para que los establecimientos de juego identifiquen a las personas alcanzadas por la restricción.
Es preciso mencionar que, la sanción parlamentaria cierra un proceso iniciado en la Cámara de Diputados y complementa el sistema de resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes establecido en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el cumplimiento quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo provincial, que deberá articular con los operadores de casinos y salas de juego para que se haga efectiva.
Por caso, el proyecto legislativo de Di Césare se elaboró con el propósito de que el Gobierno provincial adopte medidas concretas para restringir el acceso de deudores alimentarios a establecimientos de apuestas, a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones económicas vinculadas a la manutención de hijos e hijas.
Según detalla en la iniciativa, la preocupación central está puesta en la protección de derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes, así como en reforzar el marco normativo que busca evitar que la falta de pago afecte su bienestar y desarrollo integral.
Es preciso mencionar que, la propuesta aprobada por la Legislatura bonaerense alcanza a quienes se encuentren incluidos en el RDAM por adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, criterio ya establecido por la Justicia bonaerense para determinar la morosidad alimentaria.
Sin embargo, la ley exige que el personal de casinos, salas de juego y bingos sea el encargado de impedir el acceso a estas personas, y que el Ejecutivo supervise el cumplimiento adecuado de la normativa, lo que configurará un esquema conjunto de responsabilidad entre los establecimientos de juegos de azar y las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
En los argumentos del proyecto, Di Césare señaló que se apoya en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados “deben garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de las infancias”, y que las personas responsables de su manutención deben proporcionar los recursos necesarios dentro de sus medios.
En línea con lo anterior, el articulado retoma lo dispuesto por el artículo 18 de la Convención, que señala que ambos progenitores tienen obligaciones comunes en relación con la crianza y el desarrollo de los niños y que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para garantizarlo. Al incorporar estos principios, la ley busca dotar de mayor eficacia a las herramientas provinciales para asegurar la percepción de las cuotas alimentarias.
Además, el proyecto de Di Césare incorpora fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación en relación con las obligaciones alimentarias, que se extienden hasta los 21 años o, en determinados casos, hasta los 25, y enfatiza la importancia de que dichas prestaciones se cumplan de manera regular para no comprometer la calidad de vida de quienes dependen de ellas. La normativa aprobada apunta a reducir situaciones de incumplimiento y a promover el ordenamiento económico de quienes poseen deudas registradas.
En sus fundamentos, la iniciativa de Di Césare destaca que las actividades de juegos de azar representan riesgos para la economía personal y familiar, por lo que establecer una restricción específica para deudores alimentarios contribuye a priorizar las responsabilidades económicas esenciales sobre gastos vinculados al entretenimiento o a conductas que puedan deteriorar más aún la capacidad de afrontar los pagos.
En ese sentido, la nueva ley que espera a ser reglamentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires refuerza el principio de interés superior del niño, y suma un instrumento para que la administración bonaerense profundice sus políticas de protección y control en materia de obligaciones alimentarias.
