Un allanamiento realizado en Quilmes formó parte de un amplio operativo de la Policía Federal Argentina para desarticular un circuito de distribución y comercialización de leche maternizada falsificada. En total, se llevaron adelante 14 procedimientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron más de 500 unidades del producto.

 

 

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por representantes de una empresa láctea, luego de que varios padres reportaran efectos adversos en la salud de sus hijos tras consumir leche en polvo adquirida en supermercados. A partir de esos reclamos, los investigadores reconstruyeron un circuito de almacenamiento y venta que incluía inmuebles utilizados como depósitos y plataformas digitales.

 

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, encabezado por el juez Juan Tomás Ponte Rodríguez, con intervención de la Fiscalía Federal N.º 2, a cargo de Cecilia Incardona.

 

 

Uno de los aspectos más preocupantes del caso surgió de los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El informe pericial detectó en las muestras de leche falsificada niveles de aflatoxina M1 superiores en más de seis veces al máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

 

 

Se trata de una toxina asociada a la contaminación por hongos que puede representar un peligro para la salud. Según el informe, el producto analizado no es apto para el consumo y representa un grave riesgo para los lactantes, especialmente porque la leche maternizada puede constituir su principal fuente de alimentación durante los primeros meses de vida.

 

 

 

Los procedimientos fueron ordenados en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los partidos bonaerenses de Quilmes, Ezeiza, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

 

 

Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 500 unidades de leche en polvo de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación que podría resultar relevante para la investigación.

 

 

Además, fueron identificadas cinco personas mayores de edad: dos de nacionalidad argentina, dos de nacionalidad china y una de nacionalidad paraguaya. Las autoridades investigan su presunta participación en las maniobras de almacenamiento y comercialización.

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