En un fallo de las últimas horas, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deQuilmes revocó una decisión de primera instancia y ordenó que se haga efectiva de manera inmediata la morigeración de laprisión preventiva para José Rossi. El tribunal consideró que postergar la medida constituye un “agravamiento de sus condiciones actuales de detención”. Rossi estuvo involucrado años atrás en el escándalo de los caños de origen ilícito que estaban en un depósito de Quilmes y el vaciamiento de empresas.
La resolución, firmada por los jueces Pablo Barbieri, Alejandro Cascio y Luis Gil Juliani, pone fin a una controversia procesal que mantenía al imputado en una unidad penitenciaria a pesar de contar con un fallo favorable previo.
Los puntos clave de la resolución judicial son:
- Revocación del fallo anterior: La Cámara dejó sin efecto la resolución del 3 de marzo dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 5, que se negaba a ejecutar la morigeración.
- Implementación urgente: Se ordenó al órgano de origen tomar las medidas necesarias para que Rossi pase al régimen de monitoreo electrónico por GPS con carácter de urgente.
- Situación de Matías Rossi: El tribunal también encomendó reevaluar la situación del coimputado Matías Rossi bajo los mismos criterios aplicados en este fallo.
El imputado José Rossi, de 65 años, se encuentra detenido desde el 9 de febrero de 2023. La Cámara ya había concedido el beneficio en septiembre de 2025 basándose en su edad, el tiempo de detención transcurrido y la falta de una fecha cierta para el juicio oral.
A pesar de que el Tribunal de Casación Penal (TCPBA) había rechazado los recursos de la fiscalía el pasado 20 de febrero, el juez de grado se negaba a liberar a Rossi argumentando que la decisión aún no estaba “firme” por los plazos de notificación. Sin embargo, la Cámara fue contundente:
“Continuar postergando la efectivización de la medida morigeradora concedida… constituye un agravamiento de sus condiciones actuales de detención”.
El rol de la defensa
Los recursos legales fueron elevados por los defensores particulares Gustavo G. Galasso y Ezequiel Funes, que en meses lograron revertir los rechazos anteriores por parte de la Justicia.
