El diputado bonaerense del Frente de Izquierda (FIT-U), Christian “Chipi” Castillo, en las últimas horas presentó un proyecto de ley para crear una pensión mensual, vitalicia y de carácter reparatorio para las víctimas del fentanilo contaminado, que será administrada por los establecimientos de salud pública de la provincia de Buenos Aires.
“Se funda en la necesidad de dar una respuesta urgente y concreta frente a un crimen social de enorme magnitud, que produjo muertes evitables por responsabilidad estatal y empresarial, con secuencias graves y un profundo daño social sobre pacientes y familias”, alegó el legislador bonaerense de la Izquierda.
En su informe final, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo del Congreso de la Nación concluyó que el Estado argentino no pudo garantizar ni la trazabilidad de las ampollas contaminadas ni la supervisión efectivo de los laboratorios, por lo que dictaminaron que el escándalo no fue un accidente sino una cadena de fallas evitables, plagada de ocultamientos, falta de control y transparencia.
“El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad farmacológica. Esta tragedia nos dejó al menos 120 víctimas fatales y una herida abierta como sociedad. No puede volver a ocurrir”, alegaron desde el cuerpo parlamentario los legisladores nacionales.
En ese contexto, Castillo propone una pensión mensual, equiparable al 100% del salario de bolsillo de una categoría 5 (es decir, un trabajador ingresante) más la bonificación del 125% que perciben de manera permanente y habitual los empleados estatales, dirigida a aquellas personas que sufrieron daños graves, secuelas permanentes o relevantes en su salud como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado.
Además, en la iniciativa, Castillo prevé que, en caso de fallecimiento de la persona afectada, el beneficio será trasladable a su cónyuge o conviviente, hijos (hasta la mayoría de edad), hijos con discapacidad o incapacitados para trabajar (hasta que subsista esa situación), o padre o tutor que acrediten dependencia económica.
Para tener ese beneficio, deberá acreditarse mediante historia clínica, constancias médicas, certificados de defunción, actuaciones judiciales o administrativas, informes de autoridad sanitaria, documentación de establecimientos asistenciales, así como cualquier otro medio probatorio idóneo.
“La provincia de Buenos Aires tiene un deber concreto de reparación hacia quienes sufrieron daños graves o perdieron a sus seres queridos como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado, la pensión reparatoria prevista en este proyecto procura dar una respuesta económica inmediata y sostenida”, remarcó Castillo.
En esa línea, el dirigente de Izquierda subrayó que el texto también incorpora la garantía de cobertura médico-asistencial y el acceso a un acompañamiento interdisciplinario integral para las víctimas y familiares relacionadas al fentanilo contaminado.
“Las consecuencias de este crimen social no se agotan en el momento del daño físico inmediato, se proyectan sobre la salud mental, los procesos de rehabilitación, la situación económica de las familias y la vida cotidiana de quienes sobrevivieron o perdieron un familiar, por lo tanto, la reparación debe ser integral”, amplió el legislador.
