El Tribunal Oral Federal N°8, a cargo de Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñiguez, condenó ayer a dos de los responsables de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra -cometido en octubre de 2010- mediante una trama de sobornos que buscó proteger al dirigente de la Unión Ferroviaria José Pedraza, uno de los responsables del asesinato. Los otros dos imputados del juicio fueron absueltos.
Octavio Aráoz de Lamadrid, exsecretario de la Cámara Nacional de Casación Penal, fue condenado a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, accesorias legales y costas, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de tráfico de influencias agravado, cohecho activo y pasivo”.
Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces de Casación Penal, fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, y costas por considerarlo “partícipe necesario del delito de tráfico de influencias agravado”.
Respecto al tercer imputado, Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas, los jueces consideraron que “la conducta por la que recibió acusación es constitutiva del delito de cohecho activo agravado, en calidad de partícipe secundario” y ordenaron en consecuencia “declarar la extinción de la acción penal por prescripción y absolverlo al nombrado sin costas”.
Los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 8 también ordenaron “absolver a Susana Planas (directiva de Belgrano Cargas) por el hecho por el que fue acusada, sin costas”.
El quinto imputado, el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, no llegó a recibir el veredicto porque falleció días antes de que comenzaran las audiencias.
El juicio, que tuvo como representante del Ministerio Público Fiscal a Marcelo Colombo y una querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) representando a la mamá de Mariano Ferreyra, Beatriz Rial, permitió reconstruir las relaciones de un sector de Comodoro Py con el sistema de inteligencia y con los poderes políticos para influir sobre las decisiones de la justicia federal.
El asesinato de Mariano Ferreyra
El 20 de octubre de 2010, una patota de la Unión Ferroviaria –que conducía José Pedraza– mató a Mariano Ferreyra, un militante del Partido Obrero (PO) de 23 años que ese día se encontraba acompañando una marcha de trabajadores tercerizados que decidieron ocupar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la estación Avellaneda.
La protesta había sido convocada para reclamar el pase a planta permanente de 1500 empleados y la reincorporación de algunos despedidos. Pero la patota de la Unión Ferroviaria, reclutada en talleres de ferrocarriles y en Constitución, atacó a los manifestantes, que fueron agredidos a balazos mientras se desconcentraban.
El militante del PO fue baleado por Cristian Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez. Estos últimos fueron condenados como autores materiales del homicidio a 18 años de prisión, mientras que el jefe de la patota, Pablo Marcelo Díaz, recibió la misma pena de 18 años de prisión.
Pedraza, el mandamás de la Unión Ferroviaria por entonces, siempre fue identificado como el cerebro del crimen (el ingreso a planta de los tercerizados amenazaba la hegemonía de Pedraza en el gremio). En abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Capital Federal lo condenó a 15 años de prisión por el delito, aunque la Fiscalía había solicitado perpetua por considerar que tanto Pedraza como su mano derecha, Carlos Fernández, habían sido “instigadores del homicidio”.
