Una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas virtuales bajo la modalidad de suplantación de identidad fue desarticulada tras una extensa investigación judicial y policial llevada adelante por el Departamento Judicial Quilmes. Como resultado de ocho operativos realizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense, siete personas quedaron imputadas y se incautó una suma millonaria de dinero en efectivo.
El procedimiento fue ejecutado por personal de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 1 de Quilmes, a cargo del fiscal Dr. Ariel Rivas y con la coordinación del auxiliar letrado Facundo Maidana.

El modus operandi
La causa se inició a raíz de múltiples denuncias de compradores engañados a través de redes sociales. Según determinaron los investigadores, los delincuentes usurpaban el nombre y la identidad comercial de un local legítimo dedicado a la venta de repuestos automotores para ganar la confianza de las víctimas.
Una vez captado el interés de los usuarios mediante publicaciones apócrifas, los estafadores entablaban contacto directo y exigían transferencias bancarias a distintas cuentas para concretar las supuestas operaciones. Sin embargo, una vez acreditado el dinero, los productos nunca eran enviados.
A través del rastreo de movimientos financieros y el análisis de telecomunicaciones, los detectives lograron establecer que no se trataba de hechos aislados, sino de una estructura organizada con clara división de roles: mientras algunos miembros se encargaban de la atención y el engaño a las víctimas, otros administraban las cuentas receptoras de los fondos y gestionaban el soporte tecnológico.
Allanamientos y secuestros
Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos en las localidades de Libertad, San Antonio de Padua, Isidro Casanova, San Justo, Ituzaingó y Villa Tesei.
Durante las irrupciones, los efectivos notificaron e imputaron a siete presuntos integrantes de la red e identificaron a otros sospechosos que quedaron vinculados al expediente. Además, se incautó material clave para el avance de la pesquisa:
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Más de $9.900.000 en moneda nacional.
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USD 2.704 en efectivo.
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Nueve teléfonos celulares de diversas marcas y modelos.
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Una CPU de escritorio y documentación relevante para la causa.
Todos los dispositivos electrónicos secuestrados serán sometidos a peritajes informáticos por orden del Ministerio Público Fiscal. El objetivo de los especialistas será recuperar historiales de conversaciones, rastrear nuevas cuentas bancarias o billeteras virtuales utilizadas en la maniobra y determinar si existen más damnificados o cómplices involucrados en la red.