Tres policías de la Bonaerense que prestaban servicios en la Comisaría 1ª de Moreno fueron detenidos en el marco de una causa por supuestas torturas, vejaciones y abuso de autoridad, detectadas tras una denuncia elevada en agosto pasado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) luego de una visita sorpresiva a la seccional. Hay otros agentes que participaron y cuya identidad aún falta determinar.
Desde el Juzgado de Garantías N° 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián, en las últimas horas hizo lugar al pedido de detención y allanamiento de los domicilios de los policías bonaerenses Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito que habían sido requeridos por la titular de la UFI N°7, Erica Chiessi, fiscalía especializada en violencia institucional.
Están acusados como coautores materiales de los delitos de torturas, abuso de autoridad y vejaciones en contra de distintos detenidos que estaban a su cargo en la Comisaría 1ª de Moreno. Y la jueza rechazó el pedido de eximición de prisión realizado por las defensas de los policías.
El caso se descubrió durante una visita institucional de la CPM a la seccional. Miembros del organismo entrevistaron a personas privadas de su libertad, quienes declararon haber sufrido diversos tratos ilegales.
Las torturas y malos tratos que se investigan ocurrieron entre el 5 de junio y el 1° de agosto pasados e incluyen el pasaje de corriente eléctrica por parte de los integrantes del Gabinete Técnico Operativo (NdeR: GOT o servicio de calle). Las víctimas serían al menos 10 detenidos.
La CPM explicó que tomó conocimiento a partir de una denuncia telefónica que derivó en la realización de un monitoreo sorpresivo el 1° de agosto en la dependencia policial.
“Los trasladaban hasta el primer piso, les colocaban los pies en un recipiente de plástico y les aplicaban corriente eléctrica con un cable conectado a una batería”, consta en los detalles publicados por la CPM sobre la denuncia. Otra de las maniobras que se investiga es si varios de los policías ingresaban a las celdas y la aplicación de violencia física, amenazas y humillaciones.
La CPM contó el relato de uno de los detenidos de 24 años que fue víctima de los policías: “Cada vez que oía las puertas metálicas cercanas al calabozo en el que estaba, comenzaba a llorar por el terror que lo invadía”.
Es que, siempre según sus dichos, los tres agentes del GTO vestidos de civil lo habían sacado de allí a los golpes, lo llevaron al primer piso de la dependencia policial y lo golpearon durante media hora en sesiones que incluían el pasaje de corriente eléctrica en los pies. Pero no sólo eso: lo obligaban a desvestirse injustificadamente, lo amenazaban con abusar sexualmente de él y le rompían las pertenencias y comida que le llevaba su madre.
No fue el único. Una noche ingresaron varios policías vestidos de civil a un calabozo colectivo y, con la excusa de buscar un teléfono celular, comenzaron a golpear a todos con patadas y puñetazos.
Otro detenido denunció que “una noche lo llevaron a la oficina del GTO situada en el primer piso de la seccional 1° de Moreno y lo obligaron a colocar los pies en el interior de una palangana con agua“. Ahí había pinzas conectadas a los cables de un cargador de batería de auto: “Empezaron a amenazar y atormentarlo, exigiendo información sobre presuntos hechos delictivos”. Como no tenía, le dieron corriente por dos minutos.
“Esta secuencia con el cargador de baterías lo padeció al menos dos veces, y en una tercera ocasión lo amenazaron con sumergir en la palangana directamente un cable pelado conectado a 220 voltios, lo que lo habría matado”, reza la denuncia de la CPM.
Ante eso se radicó la denuncia en la fiscalía en turno y la fiscal Chiessi tomó intervención inmediata. Luego de los primeros testimonios, las autoridades dispusieron una inspección a la comisaría, donde hallaron un elemento que habría sido utilizado para aplicar corriente eléctrica a un detenido, según lo señalado por las víctimas.
Con la recolección de nuevas pruebas, como por ejemplo que el registro de las cámaras había sido eliminado, el Juzgado de Garantías Nº1 autorizó el allanamiento y las órdenes de detención, ejecutadas días atrás por la División de Operaciones Judiciales de la Policía Federal Argentina (PFA).
Además, se notificó a la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró en la producción de diversas medidas probatorias desde el inicio de las actuaciones.
Durante los operativos se concretaron las detenciones y el secuestro de varios elementos considerados relevantes para la investigación.
