A través de un comunicado oficial difundido ayer, el nucleamiento de jueces bonaerenses se refiró al anteproyecto de reforma integral del Código Penal de la Nación Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Honorable Congreso de la Nación. En ese sentido, alertaron sobre los “riesgos de un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado, tal como se viene planteando desde el propio gobierno”.
Y sostuvieron que, además de un amplio debate que incluya a especialistas en la ciencia jurídica, el tratamiento del expediente debe incorporar a “los operadores del sistema judicial que trabajan a diario en su aplicación”.
Consideraron que es una condición esencial para entablar una reforma del Código Penal, porque “de este modo se pueden evitar defectos estructurales y de redacción que, más temprano que tarde, desembocarán en problemas para su interpretación e implementación a cargo de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial”.
Y advirtieron que “la propuesta de cambiar íntegramente un Código Penal que –con sus luces y sombras– ha regido el derecho penal argentino durante más de un siglo, también es necesario extenderla a esas reglas de reconocimiento que se consolidaron durante generaciones de juristas y jueces, a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional”, rechazando de este modo que el proyecto tenga un “tratamiento exprés” o se sancione de manera precipitada, sin haber escuchado la cantidad necesaria de expertos en la materia.
Los magistrados se enfocaron en este punto sobre “la operatividad real de un buen Código Penal“ y “en el impacto que el mismo habrá de producir en nuestras alicaídas cárceles”.
La red de jueces se refirió también al espíritu que marca la tendencia a incrementar la severidad de un sistema punitivo, “abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional”.
Los jueces bonaerenses se enfocan en la Provincia y afirman que aquí la situación es “mucho más acuciante” porque, según el Registro Único de Detenidos, dependiente de la Procuración General de la Suprema Corte, hacia 2024, se registraban 66.991 personas privadas de la libertad (62.387 en establecimientos penitenciarios). Y afirman que esta conclusión se traduce en “una de las tasas de prisionización más elevadas de la región, alcanzando de cifra de 376 cada 100 mil habitantes. Se trata del 52.3 por ciento del total de detenidos del país”.
Y que una tasa de convergencia entre plazas disponibles y cantidad de detenidos requeriría una sostenida inversión de más de medio siglo. Esto es así porque la tasa de prisionización ha ido marcando un progresivo aumento desde el año 2012, cuando era de 198 detenidos por cada 100 mil, con registros anuales incrementales del orden del 9%. Así se pasó en diez años de un total de 31.303 personas privadas de su libertad a los 66.991 actuales.
Negaron, de este modo, que “no existe nada parecido a una puerta giratoria, como se insiste en los medios de comunicación”, dado que las tasas de encierro vienen registrando un incremento “exponencial”. Y señalan que ese incremento es producto “del agravamiento de penas y de reducción las salidas y de un mayor ingreso de detenidos, más celeridad en el tratamiento de los procesos y el aumento de condenas por medio del juicio abreviado”.
Al mismo tiempo que pidieron ser convocados al debate, opinaron que “las leyes no proporcionan soluciones mágicas. Así como no se termina con la pobreza porque una ley así lo disponga, tampoco la inseguridad se acaba por sancionar leyes cada vez más severas”.
