La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar utilizando la tobillera electrónica mientras cumple la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución se conoció luego de que el máximo tribunal desestimara el pedido de la defensa para apartar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ya habían ratificado la condena en junio del año pasado.
La decisión fue adoptada tras el rechazo de un recurso presentado por la expresidenta, mediante el cual buscaba dejar sin efecto la medida de control ordenada en el marco de la causa “Vialidad”, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el fallo conocido este jueves, la Corte Suprema sostuvo que la defensa no cuestionó de manera adecuada los fundamentos que llevaron al Tribunal Oral Federal 2 y a la Cámara Federal de Casación Penal a disponer el uso del dispositivo electrónico. Según expresaron los jueces, el monitoreo “resulta, por regla, una exigencia normativa” y tiene como finalidad “coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria” de quienes cumplen una pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
En relación al régimen de visitas, el Tribunal Oral Federal N.º 2 resolvió que la expresidenta deberá solicitar autorización con justificación cada vez que pretenda recibir a personas que no integren su grupo familiar ni formen parte del personal médico o legal ya autorizado. La medida se adoptó a partir de la cantidad de personas que concurren al domicilio donde cumple la detención. Dado que el régimen fue modificado el 19 de noviembre de 2025, la Corte consideró abstracto ese planteo de la defensa.
Además, el juez Jorge Gorini autorizó a la expresidenta a acceder a la terraza del edificio por un máximo de dos horas diarias y a utilizar el balcón de su departamento sin restricciones.
De este modo, la resolución ratificó que continuará cumpliendo la prisión domiciliaria con la tobillera electrónica colocada y bajo controles judiciales trimestrales.
