El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Mara Ruiz Malec, multó en $ 2.438.321 a la administración de dos countrys por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.
Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor.
Por esto, funcionarios del Ministerio visitaron los barrios privados en dos oportunidades, el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2021, solicitando las autorizaciones para el ingreso y egreso de trabajadoras a las viviendas durante los tres meses anteriores a la primera visita y ante las negativas a presentar los informes requeridos, se procedió a multar a las administraciones de los Countrys de las localidades de Pilar y Berazategui.
Según el informe “Trabajadoras de Casas Particulares” elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero 2022 (https://www.trabajo.gba.gov.ar/informe-trabajadoras-casas-particulares), a partir de las bases de datos de la EPH-INDEC en Argentina del tercer trimestre de 2021, el 99% de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres.
En este sector se desarrollan laboralmente el dieciocho por ciento (18%) del total de asalariadas de la provincia y la enorme mayoría de ellas lo hace en la informalidad ya que más del 76% no se encuentran registradas en la seguridad social, el 74% no tiene Obra Social, el 72% no tiene cubiertos sus días por enfermedad, el 70% no cobra aguinaldo y el 69% no tiene vacaciones pagas.
El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya que cubren aproximadamente el 20% de la canasta básica total y alrededor del 50% de la canasta básica alimentaria. “Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno”, aseguró Mara Ruiz Malec.
Además, la Ministra dijo “los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de $3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios. Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo. No hay mayor justicia social que esa”.