Un exagente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) investigado por presunto espionaje ilegal a exfuncionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza pidió su sobreseimiento definitivo en la causa.
Se trata de Fernando Carra, exintegrante de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos del SPF, a quien un testigo de identidad reservada había sindicado como el encargado de “ablandar” a los presos para que se arrepintieran en las causas en las que estaban involucrados.
“Los dichos del testigo Claudio Segura respecto a Fernando Carra son absolutamente falsos, en su totalidad. No existió ‘el ablande a presos K’ y nadie le envió información del (pabellón especial) IRIC a Carra, como apócrifamente declaró Segura”, sostuvo el abogado del exagente penitenciario, Fernando Herrera.
Para justificar su postura, el abogado citó las declaraciones que prestaron varios de esos exfuncionarios que estuvieron detenidos, entre ellos Rafael Llorens, César Milani, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreyra, Luis D’Elía, Amado Boudou y Roberto Baratta.
“Lo cierto es que habiendo transcurrido más de dos años desde que se allanara la finca familiar de mi pupilo, nos pusiéramos a derecho y presentáramos una declaración espontanea, no se ha incorporado una sola prueba que vincule a Carra al proceso”, sostuvo la defensa.
El escrito, dirigido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, subraya que “todos los testigos y querellantes de la causa declararon que Carra jamás ablandó a nadie ni generó ningún arrepentido en ninguna causa judicial”.
Carra había sido procesado pero luego se le revocó esa decisión por falta de mérito por presuntamente “haber utilizado su cargo como pantalla -recorriendo los pabellones y estableciendo relaciones de confianza con personas privadas de su libertad y vínculos más cercanos-, con el objeto de obtener información y transmitirla al área de inteligencia del SPF”.
Pero la defensa del exfuncionario sostiene que “de las conversaciones surge que Fernando Carra informó sobre peleas de internos y hallazgos de objetos prohibidos, reclamos y huelgas de hambre, sobre la necesidad de realizar requisas, sobre la presencia de medios de comunicación en el Complejo y sobre la venta de droga efectuada por agentes penitenciarios”.
Todo ello era parte de sus funciones legales, a las que estaba obligado por su cargo, remarcó la defensa.
Sobre el testigo que lo incriminó, Carra lanzó un contragolpe: “existen indicios suficiente para imputar a Claudio Segura por el delito de falso testimonio, solicitando se proceda en tal sentido”.
En ese sentido, destacó que “lo más relevante de la declaración testimonial de Segura, a pregunta para que diga cómo le consta que Carra ablandaba a los internos a cambio de arrepentimientos en sus declaraciones y obtención de algún beneficio, contestó: ‘me lo comentaron los presos’ Preguntado para que diga qué presos, el testigo manifestó “no recuerdo’”.
Carra también pidió la detención del testigo que lo incriminó por el delito de falso testimonio agravado e indirectamente también apuntó a los instructores originales de la causa, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona.