El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien había sido procesado en octubre del año pasado acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes, fue suspendido ayer por un Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, que además dispuso el embargo del 40 por ciento de su sueldo.
El Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la jueza Ana María Bourimborde, aceptó la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand y dispuso, por 9 votos a favor y 1 en contra, suspenderlo en su cargo.
“Existen elementos suficientes para, a primera vista, considerar verosímiles las imputaciones endilgadas, las que alcanzan para admitir la acusación y, consecuentemente, disponer la suspensión del funcionario enjuiciado”, dispuso el Jurado de Enjuiciamiento.
Además, el jury concluyó que “corresponde que las temáticas traídas a este Tribunal sean valoradas en audiencia oral y pública”, por lo que, por mayoría de sus integrantes, fue suspendido de su cargo y se dispuso además el embargo del 40 por ciento de su sueldo.
Se evaluaron además una serie de nulidades y recusaciones presentadas por el fiscal, las que finalmente fueron desestimadas por ser materia de análisis en un debate oral.
En la resolución se incluyeron algunos tramos del escrito de defensa presentado por Scapolán, quien justificó su accionar al frente de su fiscalía y aseguró que de lo único que fue jefe desde el 2006 es de las personas que trabajan en su fiscalía y que nunca les impartió directivas fuera de la ley.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en el 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.
Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año pasado, la jueza Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.
En esa resolución la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.
Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.