El Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes dictó una condena ejemplar contra un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, hallado culpable de liderar una red de comercialización de estupefacientes en la zona sur del Conurbano. Se trata de Juan Marcelo Sánchez, quien recibió la pena de 7 años de prisión.
La sentencia recayó sobre el uniformado tras quedar acreditado su rol en la venta de drogas en el partido de Berazategui, agravado por su condición de funcionario público encargado de la seguridad.
Sánchez, quien ostentaba el cargo de oficial primero en la fuerza porteña, fue juzgado por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada”. Durante el debate oral, la fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena presentó pruebas contundentes que demostraron que el efectivo utilizaba su investidura y conocimientos para eludir controles mientras operaba su actividad ilícita.
La investigación se había iniciado en 2023, tras una serie de denuncias y tareas de inteligencia que pusieron la lupa sobre los movimientos del policía en su lugar de residencia.
El Citroën C4 y la modalidad “Delivery”
El modus operandi de Sánchez era el traslado de sustancias a través de un vehículo particular, un Citroën C4 gris oscuro, con el cual realizaba transacciones en distintos puntos de la zona sur. Según los investigadores, el imputado utilizaba este medio para distribuir la droga directamente a los compradores, evitando así los puntos de venta fijos que suelen ser más vulnerables a las redadas policiales.
Puntos clave del operativo:
- Detención: Se produjo el 2 de mayo de 2024 en su domicilio de la localidad de Juan María Gutiérrez (Berazategui).
- Prueba digital: En el peritaje de su teléfono celular se hallaron conversaciones que evidenciaban la logística de la venta bajo la modalidad de entrega a domicilio.
- Agravante: El tribunal consideró que el hecho de ser un agente de prevención del delito constituía una violación grave a los deberes de funcionario público.
El veredicto del Tribunal Nº 1
Durante los alegatos, la fiscalía subrayó la responsabilidad penal del uniformado, señalando que la evidencia recolectada desde el inicio de la instrucción era “abrumadora”. Los magistrados del Tribunal N.º 1 coincidieron con el planteo fiscal, destacando que este tipo de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad socavan la confianza de la sociedad en las instituciones.
Sánchez, quien cumplía funciones en la Capital Federal pero residía en el Conurbano, permanecerá detenido cumpliendo la pena impuesta, la cual marca un precedente en la persecución de delitos de narcotráfico cometidos por efectivos policiales en la región.
