Las cámaras que agrupan a las empresas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon “en estado de emergencia” ante la falta de respuestas del gobierno sobre cómo se cubrirá el aumento de los costos operativos del sector, principalmente por el incremento del precio del combustible.
Los empresarios transportistas mantienen una puja con el gobierno de Javier Milei y con el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires por lo que consideran un atraso en las tarifas autorizadas, que, según argumentan, impide que se cubran los crecientes costos para prestar el servicio en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
“Habiendo transcurrido un plazo más que razonable desde la implementación de medidas de racionalización de los servicios, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado nacional ni de la Provincia de Buenos Aires”, explican los empresarios en un comunicado difundido ayer.
Esas “medidas de racionalización” consistieron en la reducción de las frecuencias en el AMBA, con el consecuente perjuicio para millones de pasajeros.
Las cámaras del sector afirman en el texto que “a la fecha se adeudan más de 128 mil millones de pesos” en concepto de compensaciones al sector, y que los empresarios han “sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo”.
“También se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas”, explica el comunicado, firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (CEUTUPBA).
Por ello, “el sector se declara en estado de emergencia”, anuncian las empresas, aunque aclaran que en la reunión que se realizará el jueves en la Secretaría de Transporte de la Nación esperan “recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a actividad”.
“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”, advierte el comunicado de las cámaras.
