El proyecto de ley que declara la voluntad del Estado provincial para recuperar la titularidad de la Unidad Turística Chapadmalal e instruye, con ese fin, el inicio de acciones judiciales contra el gobierno nacional obtuvo media sanción en el Senado bonaerense, a partir del impulso del bloque peronista que integra Fernanda Raverta. Guillermo Montenegro, por su parte, votó en contra y apoyó el modelo de Javier Milei para que sea entregado a manos privadas.
Mientras el gobierno nacional apunta a entregar en concesión por 30 años el complejo de Chapadmalal, aunque pese a los anuncios por ahora el proceso no fue iniciado, la Legislatura bonaerense empezó a hacer avanzar un proyecto impulsado por Raverta que apunta a que la Provincia, original propietaria de los terrenos, los recupere.
El argumento para ello es que cuando fue cedido el predio hacia 1945 a la Nación ello se hizo para que el fin de su uso sea el turismo social y que ahora la intención de la gestión de Milei desvirtúa ese propósito.
De esa manera, el proyecto de ley bonaerense declara “la voluntad” del Estado provincial de “recuperar la titularidad de dominio y asumir la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal debido a la desnaturalización del fin social para el cual fueron afectados”.
Y para ello instruye a la Fiscalía de Estado a “interponer las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias ante las jurisdicciones competentes, a fin de obtener la reivindicación, restitución o retrocesión de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) fundadas en la desviación de su finalidad pública, el incumplimiento del cargo de uso social originario y la defensa del patrimonio histórico y social”.
Durante el tratamiento, la senadora marplatense Fernanda Raverta hizo una reseña desde la génesis que tuvo el complejo con el peronismo desde 1945 y reparó también en cómo el gobierno nacional en los últimos años desvirtuó las previsiones legales que contemplaban el turismo social.
Por eso, remarcó que el proyecto busca “reparar” la falta de cumplimiento del fin para el cual fueron cedidos los predios al Estado nacional, es decir para que sean destinados al turismo social.
Los marplatenses Guillermo Montenegro (intendente de licencia) por el PRO y Cecilia Martínez por La Libertad Avanza alzaron la voz en contra de la iniciativa, aunque de todas maneras la votación cosechó la mayoría necesaria.
