La comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados bonaerense despachó, por unanimidad, un proyecto de ley unificado que habilita y regula el uso de armas no letales —entre ellas las pistolas Taser— por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a los apoyos, cabe destacar que el Frente Renovador fue el único sector del oficialismo que impulsó esta iniciativa, que no contó con el visto bueno de otros espacios.
El texto consensuado surge de la fusión de cinco iniciativas que estaban en el temario de la comisión, presentadas por el jefe del bloque Derecha Popular Juan José Esper, el libertario Maximiliano Bondarenko y Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, además de la que elaboró el propio titular del grupo.
“Se coincidió en que debemos darle herramientas a la Policía, eso fue lo que primó”, señaló Puglelli, quien destacó que el proyecto busca cubrir “un vacío legal” existente en la Provincia y que la incorporación de dispositivos como las Taser -un reclamo de larga data- permitirá ampliar las opciones de intervención policial, protegiendo tanto a los efectivos como a las personas involucradas en los procedimientos.
Según explicó el exintendente de San Andrés de Giles, estas armas no letales funcionarían como una alternativa intermedia entre la persuasión verbal o el control físico y el uso de armas de fuego convencionales, que en muchos casos provocan heridas graves o la muerte. Sin embargo, advirtió que su implementación requerirá protocolos claros de actuación y capacitación específica.
Durante el debate, la diputada Natalia Blanco, del PRO, planteó observaciones sobre las condiciones de uso de los dispositivos de descarga eléctrica, proponiendo que la autoridad de aplicación defina los casos excepcionales en los que puedan emplearse cuando esté en riesgo la vida del oficial, de un tercero o de la víctima.
Así, se decidió eliminar del articulado una referencia al término “picana”, por su carga histórica asociada a prácticas de tortura y violencia institucional, y contempla, entre otros puntos, capacitación obligatoria, evaluaciones psicofísicas, registro y trazabilidad de cada intervención, y la asignación nominal de los dispositivos.
Además, establece que su uso deberá limitarse a situaciones de amenaza real, actual e inminente, y que solo podrán utilizarse cuando otros mecanismos resulten insuficientes, salvo casos de urgencia.
A su turno, Bondarenko calificó el despacho como “un momento histórico”, y añadió: “Es muy complicado que trabajemos entre partidos que piensan tan distinto, pero esto demuestra que en algunos puntos importantes, como este, podemos ir juntos”.
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